Uno de los compromisos del gobierno al firmar el protocolo de acuerdo para destrabar la tramitación de la reforma tributaria en julio de 2014, era enviar al Congreso un proyecto de ley para modernizar el Servicio Nacional de Aduanas, una de las instituciones clave en el proceso de implementación del principal cambio al sistema impositivo en 30 años.
Así, el Ejecutivo envió el 1 de julio del año pasado la iniciativa legal, que establecía una serie de nuevas atribuciones para el organismo, como la facultad para retirar mercancías, la incorporación del Operador Económico Autorizado y el incremento en 250 funcionarios de la dotación del organismo a 2018.
Uno de los puntos más relevantes en la iniciativa legal es lo relacionado al ejercicio de la acción penal de parte del servicio, en vista de potenciales conflictos por diferencias impositivas con los contribuyentes.
En esta línea, el Ejecutivo ingresó el jueves 7 de abril una indicación al proyecto que reduce el período para que Aduanas formule cargos a contribuyentes por eventuales diferencias impositivas.
En concreto, el ajuste versa si en las destinaciones aduaneras resultasen mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes que los cobrados, el organismo podrá formular cargos dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la legalización de la declaración. Pero, en caso de que se constatara la existencia de dolo o uso de documentación maliciosamente falsa en las declaraciones presentadas, el plazo pasará de tres a cinco años.
En el proyecto original, Hacienda fijaba en hasta seis años el período para formular cargos en dicha materia.
“El plazo señalado (...) será de seis años cuando de la revisión de los antecedentes del despacho se constate fundadamente, por el servicio, la omisión de documentos que debieron servir de base o que estos fueren maliciosamente falsos”, señalaba el proyecto de ley original.
El texto -de 33 páginas de extensión- está pronto a cumplir un año de trámite parlamentario y aún se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara.
El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Manuel Monsalve, explica que el Ejecutivo ingresó la indicación con el proyecto ya aprobado por la instancia, por lo cual la modificación se discutirá hoy, a partir de las 15:30 horas.
“Es muy probable que la indicación genere mucho debate, ya que reduce el período para que Aduanas ejerza la acción penal”, señala Monsalve.
Compleja situación interna
La indicación al proyecto llega en un período complejo para el servicio.
La semana pasada, el director (TyP) de Aduanas, Juan Araya, solicitó la renuncia al ex presidente de la asociación de funcionarios, Marcelo Reyes, a pesar de que este último contaba con fuero sindical. La asociación gremial evalúa llevar el caso a Contraloría.
A esto se le agrega la renuncia del recién asumido jefe de gabinete del director, Yamil Haddad, en medio de denuncias de conflicto de interés.
Gobierno no renueva suma urgencia a Tribunales Tributarios y desata molestia en jueces
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, señaló ayer en entrevista con Diario Financiero que uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo era el de fortalecimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), texto que cumple más de un año de tramitación en el Congreso en momentos que el gobierno se encuentra emitiendo las circulares pendientes para "aterrizar" técnicamente la implementación de la reforma tributaria.
Sin embargo, la semana pasada una movida del Ejecutivo desató la molestia de los jueces y las asociaciones de funcionarios: el 13 de abril Hacienda no renovó la suma urgencia al texto, que obligaba a su aprobación en un máximo de 15 días por cada cámara.
La iniciativa se encuentra atrasada, considerando que recién a inicios de marzo ingresó a segundo trámite constitucional en el Senado y aún no es analizada ni por la comisión de Constitución ni por la de Hacienda.
Esto provocó molestia de la Asociación de Magistrados de los Tribunales Tributarios (Amttach), quienes señalaron mediante una declaración pública que ven con "preocupación el poco avance" del proyecto, que incluye una serie de modernizaciones -como la creación de una instancia previa de conciliación entre los TTA y los contribuyentes- que son "indispensables" para la implementación de la reforma tributaria.
"Los letrados ven con preocupación que aún existan US$ 7.000 millones en tramitación atrapados, por así decirlo, en los TTA y el gobierno no le da prioridad a un proyecto que justamente es parte del paquete de la reforma tributaria", señalaron.
Los magistrados también se mostraron "preocupados" por la próxima salida del coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Alberto Cuevas, uno de los ideólogos del proyecto.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
