En su estreno en Icare como el nuevo presidente del CEP, el abogado Enrique Barros admitió que tiene muchas coincidencias con Fernando Atria respecto de la actual Constitución, una de ellas es que el haber sido redactada en “dictadura” genera una sensación de deslegitimidad.
Sin dejar de sorprender a algunos de los empresarios presentes en la mesa redonda “Constitución: de los procesos a los contenidos”, sostuvo que la Carta Fundamental de 1980 tiene un “problema de origen”, aunque acto seguido también aclaró que en ella “los elementos fundamentales están y los que verdaderamente hacían lo que Jaime Guzmán expresaba han sido uno a uno limitados”. Esto último, en alusión a temas como reglas del estado de excepción, el artículo Octavo y senadores designados, entre otros.
En ese escenario, añadió, “lo que pasa con la Constitución vigente es que hay una figura fantasmagórica que se llama Pinochet. Y yo, francamente, pienso que el aspecto simbólico de la Constitución es muy importante. La Constitución debe ser la estructura básica que nos une y que nadie pueda calificar de ilegítima. El costo que tiene la argumentación que ha señalado Fernando respecto de esa sensación de ilegitimidad que puede haber extensamente reproducida en la sociedad chilena es un costo muy grande para la organización política, para la economía, para la sociedad”.
De ahí que explicara que su posición respecto a la Constitución no es desde el punto de vista material sino procedimental, un instrumento “cargado de una nota de ilegitimidad”.
Más allá de esas coincidencias dijo que una constitución democrática se basa en dos principios: que se le reconocen derechos a las personas y que la función fundamental del Estado es proveer de bienes públicos y que todas las personas logren un cierto nivel de igualdad de oportunidades, en cosas como educación, salud, seguridad pública, entre otras.
Si bien considera “natural” que en democracia el Estado cumpla un rol de redistribución, planteó sus dudas sobre que las “políticas sociales” deban ser asumidas como derechos y, por ende, incluidas en la Constitución. 
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