El abogado Arturo Fermandois fue uno de los últimos miembros en sumarse al Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente convocado por el gobierno. Pero no por eso ha tenido menos figuración. De hecho, hoy será uno de los expositores del seminario “Orden Público Económico y Nueva Constitución”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes-UC) en el Salón de Honor de esa casa de estudios.
Su punto de partida, como recuerda que lo ha comentado en papers y notas de prensa, es que la Constitución actual -resultado de 25 años de perfeccionamiento en democracia- “es un adecuado instrumento para organizar al Estado y permitirle avanzar hacia el bien común”. Por lo tanto, aclara bajo la óptica de constitucionalista y ciudadano, “no estoy de acuerdo con refundar jurídicamente Chile mediante una nueva Constitución”.
Un tema distinto, reconoce, es que por supuesto -como todas las obras humanas- estas tienen que recibir el suficiente apoyo, compromiso y sentimiento de legitimidad. “Si se invita a pensar en reformas, por supuesto, siempre voy a estar abierto a una discusión racional que no esté ideologizada y plagada de consignas, como viene siendo la tónica en relación a la actual situación”.
- El ex ministro Felipe Larraín dijo que darse gustitos con la Constitución puede ser muy caro para el país. ¿Comparte esa apreciación?
- La comparto completamente. El ex ministro da en el clavo porque las bases más profundas de nuestra sociedad en términos jurídicos, que son nuestras normas constitucionales, si son vistas como un depositario de anhelos, de sueños, de expectativas y se las coloca en una función casi de terapia colectiva, ese ejercicio -que puede ser un gran gustito desde el punto de vista humano y terapéutico- irradia incertezas en las actividades humanas, en la búsqueda de estabilidad y en la actividad que despliega el Estado en relación a los particulares. Por lo tanto, hay que erradicar la visión de que la Constitución es un objetivo de conquista política, para algunos hasta de revancha, cuando su función es servir de norma jurídica que como toda ley requiere ser precisa, operativa y estable.
- Y, según el mismo ex ministro Larraín, también podría estar en riesgo el desarrollo del país…
- Sin ser catastrofista y sin invadir una apreciación económica donde los expertos tienen la palabra, no hay que ser muy astuto para descubrir que si un país se deja llevar por un proceso poco racional de desestabilización de sus normas fundantes, sin un diagnóstico de cuáles son las deficiencias de la norma actual, introduciendo innumerables sospechas en las regulaciones económicas básicas, por supuesto que esto puede impactar negativamente al desarrollo.
- ¿Usted cree que hay aspectos económicos que deben darse por intocables en la Constitución?
- En cuanto envuelven derechos fundamentales de las personas, sí, como todo derecho fundamental. En este plano se ubica, por ejemplo, el derecho de propiedad, a asociarse para emprender una actividad retribuida económicamente, lo que llamamos el derecho a desarrollar una actividad económica, la libertad en su dimensión económica, lo que he llamado en mis textos la revisión judicial económica, es decir, el derecho a recurrir a un juez para que solucione mis conflictos de naturaleza económica, el derecho a una tributación justa, el derecho a que sean los representantes democráticos los que aprueben los impuestos y no el soberano ni el Poder Ejecutivo mediante decretos y otros tantos derechos fundamentales de dimensión económica.
Hay aspectos que pueden discutirse de acuerdo a las prioridades y urgencias de los tiempos. Hoy, hemos estimado, y creo que representa un consenso, que la política monetaria debe ser manejada con mucha responsabilidad, porque de lo contrario se golpea a los pobres con un impuesto que nadie aprueba. Esto nos lleva a la figura de un Banco Central autónomo.
Quisiera agregar que, en materia económica, quizá paradojalmente, existen consensos fuertes en la sociedad chilena, que deberían ser respetados en cualquier escenario constitucional. Hay una discusión respecto al principio fundante que debe tener la relación entre el hombre y el Estado, si es un Estado subsidiario, si es con más o menos presencia, algunos sostienen que debiera ser social. Pero, al margen de esa discusión de fondo -que es muy importante-, los aterrizajes técnicos estoy casi seguro que debiesen representar un consenso y lo único que falta para que eso se haga más evidente (estoy hablando de derecho de propiedad, libertad de emprendimiento, etc) es reducir la intensidad de las consignas que hay en torno al cambio constitucional y que demos paso a una discusión más responsable y técnica; y eso aún no llega.
El trabajo del consejo
- Esta semana el Consejo Ciudadano de Observadores se reunió con el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. ¿Quedó satisfecho con la información sobre la difusión e información del proceso?
- Agradecemos la información, los datos y la sistematización que nos hizo el ministro y su equipo. Una interacción entre el consejo y los ministerios políticos que están conduciendo el proceso es fundamental, debe continuar e, incluso, profundizarse. Ahora, el consejo tiene una precariedad institucional bastante obvia, carece de presupuesto propio, no tiene facultades contenidas en la ley, funciona con el tiempo pro bono de personas que por definición concurren a servir como ciudadanos. Con esto quiero decir que es muy difícil verificar cualitativamente, por ejemplo, qué grado de éxito ha tenido la campaña de educación cívica. Vemos las cifras y nos parece interesante el esfuerzo publicitario que se ha hecho, pero naturalmente es imposible que podamos en este plazo y con estos medios evaluar su efectiva penetración en la ciudadanía.
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