Cuando fue nominado para el cargo a fines del año pasado, quedó claro que la intención de Jorge Abbott era no centrar su gestión en las investigaciones por financiamiento irregular de la política. De hecho, él mismo destacó en su discurso al asumir, que su interés era focalizarse en el combate a otros delitos de connotación social.
Ése era su plan, el que decidió explicitar en una comentada entrevista el domingo, en la que afirmó que se estaban buscando fórmulas para acotar dichas causas, agregando que le había pedido a los fiscales que mandaran los antecedentes al SII para que éste decidiera si se querellaba o no, para de esa manera poder ir cerrándolas.
Con ello, Abbott reiteraba su doctrina, que estableció al comparecer al Senado cuando éste debía ratificarlo, en cuanto a que para imputar delitos tributarios era necesario contar con una querella o denuncia del organismo fiscalizador.
Como su director, Fernando Barraza, había dado indicios de que probablemente no lo haría, al declarar a comienzos de marzo que la labor del SII no era presentar querellas, todo indicaba que el plan de Abbott, al encontrar un soporte en las decisiones de dicho servicio dependiente del gobierno, tenía posibilidades reales de comenzar a cumplirse.
Pero tanto las acusaciones de que ello implicaba un sesgo, porque al final los beneficiados serían principalmente personeros de la Nueva Mayoría, como la suerte de rebelión de los fiscales al desmarcarse de la llamada “doctrina Abbott”, que quedó de manifiesto con el anuncio de formalización al ex senador UDI, Pablo Longueira, podrían terminar abortando su plan.
Críticas por sesgo
La confirmación de los propósitos del fiscal nacional por parte de él mismo esta semana, bastó para que se reinstalara la idea de que –con intención o no- el Ministerio Público, con la colaboración para este caso del SII, estaban actuando con un criterio político, al no aparecer al menos que hubiera un trato igualitario para personeros del oficialismo en comparación con lo que ocurría con figuras de la oposición.
Fue lo que de inmediato reclamó la UDI, que por intermedio de su presidente, senador Hernán Larraín, cuestionó el anuncio de querer terminar las indagatorias por los casos de las platas políticas, acusando que la fiscalía no ha actuado con equidad con los distintos sectores.
El alegato de la UDI se basó, principalmente, en que el cierre de las causas implicaba que sólo se indagaría a personas de su sector, especialmente de su partido, quedando fuera de las pesquisas los políticos de la Nueva Mayoría que también habrían recibido dineros de SQM de manera irregular, como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien incluso formó una empresa fantasma con el fin de financiar la llamada pre campaña de Bachelet, u otros como los hijos del senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, el hijo del diputado del mismo partido, Roberto León, o cercanos al senador PS, Fulvio Rossi.
Las acusaciones de sesgo en el tema de las platas políticas no apuntan, en todo caso, sólo contra el Ministerio Público, sino también de manera especial hacia la actitud del SII, al que critican incluso dirigentes del oficialismo, coincidiendo con lo que planteó públicamente el presidente del PS, Camilo Escalona, quien demandó que el organismo se querellara contra todos los que pudieran tener responsabilidad, porque no podía quedar la impresión de que se quería llevar a tribunales a unos y a otros no.
Es una posición que se ha generalizado mereciendo reparos de distintos sectores, como por ejemplo de los querellantes de Ciudadano Inteligente, que han acusado derechamente al SII de actuar con criterio político desde que estalló el caso SQM con el fin de proteger al oficialismo que aparece comprometido.
Complicación de Abbott
En círculos políticos como judiciales comentan que estas críticas de falta de imparcialidad que ha liderado la UDI desde el caso Penta, han sido una complicación para que Abbott pueda cumplir su plan de cerrar los casos, el que habría sido parte de los acuerdos informales para acceder a su cargo.
Tanto es así, que circula la versión de que le hizo saber a La Moneda que para lograr su propósito, era necesario que también se pudiera investigar a alguna figura destacada del oficialismo, considerando que era difícil deshacerse de los cargos de actuar sin equidad, si el único condenado era un emblemático líder de la UDI, como Jovino Novoa, a lo que se sumaba que además han sido formalizados parlamentarios de ese partido, era posible que ocurriera lo mismo nada menos que con sus dos ex candidatos presidenciales como Longueira y Laurence Golborne.
De acuerdo a lo que indican algunos, desde palacio tomaron nota, haciéndole saber que para ellos era importante proteger a Peñailillo, porque al final es quien podría comprometer a Bachelet.
Es en este escenario, donde en distintos círculos no se descarta que la opción del gobierno para mostrar un trato ecuánime, fue arremeter contra el ex senador PS, Carlos Ominami, tesis que se basa en que es el único personero de izquierda contra el que se querelló el SII, lo que no tendría costo puesto que no pertenece a la Nueva Mayoría, mientras de paso podía significar un daño político a su hijo Marco Enríquez-Ominami.
Fue una acción que no pocos, incluido el propio afectado, calificaron de extraña, lo que significó que Ominami fue formalizado, aunque posteriormente fue sobreseído por prescripción.
Lo cierto es que más allá de las especulaciones, la última señal de Abbott el domingo fue desestimar que hubiera un trato desigual, apelando a que en los casos que afectan a personas del oficialismo no existían antecedentes suficientes. Pero lo que más llamó la atención fue que liberara de responsabilidad de haber cometido delito a quienes recibieron dineros de la empresa de Giorgio Martelli - al que sí considera culpable- lo que se entendió que era porque estaba de acuerdo en impedir que se indague a Peñailillo, pese a que como lo reconoció el propio Martelli, fue el que lo impulsó a crear la empresa con el único fin de recaudar fondos.
Esa afirmación del fiscal nacional marcó un contraste en relación a lo que planteó respecto a los otros casos, como los de los hijos de Pizarro o León, al indicar que ellos dependían de lo que hiciera el SII, resistiéndose a pronunciarse si debería presentar querella o no, con el argumento de que era respetuoso de sus facultades.
El factor Longueira
Un factor que no estaba contemplado en el plan de Abbott es la situación que afectó al ex líder de la UDI, Pablo Longueira, luego de que el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, decidiera abrir una investigación por cohecho en su contra, ante las sospechas de haber favorecido a la empresa durante la tramitación de la modificación a la ley del royalty cuando era senador.
El caso de Longueira lo complicó, en primer lugar, porque se trataba de otra figura emblemática de la UDI que alimentaría las críticas de que se actúa contra un solo sector, como se encargó de alegar ese partido cuando se supo que sería formalizado, argumentando que se hacía antes de que éste prestara declaración para hacer sus descargos.
Pero lo que atenta contra las pretensiones de Abbott en este caso, es que el fiscal Gómez anunció que no sólo lo formalizaría por cohecho y soborno, sino también por delitos tributarios con el cargo de facilitación de boletas ideológicamente falsas para recibir pagos de SQM.
Como no existe una querella en su contra del SII, la explicación del persecutor fue que lo hacía basándose en una denuncia del mes de abril de dicho organismo contra todos quienes resulten responsables de ciertos hechos.
Con ello, el fiscal de Valparaíso se desmarcó claramente de la “doctrina Abbott” en cuanto a que se requiere una acción directa del SII, lo que podría significar un giro, puesto que él mismo no descartó que otras personas del oficialismo que aparecen en la misma denuncia por la que se formalizará a Longueira, pudieran correr la misma suerte si es que se comprueban los hechos que se están indagando.
La rebelión de los fiscales
Esa actitud es la que algunos en círculos judiciales consideran que se trata de una suerte de rebelión de los fiscales, puesto que después de los alcances que hizo Gómez, que contrarían la postura de Abbott, el fiscal Manuel Guerra, que quedó a cargo del caso Penta, hizo un planteamiento similar. Fue al anunciar la formalización de Golborne, cuando manifestó que actuaría en todos los casos que considerara que existe delito, sin inhibirse por la existencia o no de querella del SII, al punto que se estima que en el caso de ex presidenciable lo hará por delitos que no figuran en la querella que presentó en su contra el organismo fiscalizador.
La tesis que circula en medios ligados a la fiscalía, es que Abbott no tiene el liderazgo ni la autoridad suficiente para imponerse sobre sus subalternos, los que no querrían aparecer formando parte de un acuerdo para cerrar los casos que pudiera afectarles su imagen, menos cuando se estima que el tiempo del fiscal nacional en su cargo no perdurará hasta el final de su período básicamente por razones de salud.
En esa lógica se inscribe que el fiscal Gómez hubiera recurrido al concurso de Estados Unidos para que le colabore tras detectar pagos irregulares de SQM a prácticamente todos los partidos, pero además a las campañas de Frei, Piñera y Bachelet.
Con la actitud autónoma que están mostrando los fiscales, todo indica que el plan de Abbott difícilmente podrá cumplirse, sin que nadie sepa a estas alturas qué cauce podrá tomar el complejo tema de las platas políticas.
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