A toda marcha trabajan las colectividades políticas vigentes en el país, designando incluso a equipos técnicos especializados, a fin de ponerse a tono con las dos nuevas normas en materia de probidad y transparencia promulgadas ayer por la presidenta Michelle Bachelet, es decir, la Ley de Fortalecimiento de la democracia y la Ley de Partidos Políticos.
La primera regula el financiamiento de las campañas electorales, terminando con el aporte de las empresas privadas y fijando los recursos que recibirán del fisco a partir de la votación obtenida así como del reempadronamiento de su militancia.
La segunda establece una serie de requisitos en materia de transparencia, como cuota de género y la elección directa de las autoridades de las tiendas por la vía de un militante un voto.
Respecto a las iniciativas impulsadas por el gobierno a partir de las propuestas de la comisión Engel, la mandataria destacó que con ellas “estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio de juego limpio. No queremos para Chile una política que se hace o a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada con el dinero; no queremos que triunfe el que pone más carteles o el que contrata más brigadistas; no queremos que en los partidos las designaciones se hagan a dedo, ni que existan barreras para los que quieran trabajar desinteresadamente por su país; no queremos que las mujeres y los jóvenes queden fuera del liderazgo político”.
Así, ante este nuevo escenario, el Partido Comunista -que tiene un sistema de elección indirecta de sus máximas autoridades- está trabajando junto a un equipo de abogados para actualizar sus estatutos, además de profesionalizar el servicio de quienes se desempeñan en la página web de la colectividad.
Lo propio están haciendo las otras colectividades, tanto del oficialismo como la oposición. Y todas intentan avanzar con prontitud en lo que es empadronamiento de la militancia, para lo cual tendrían plazo al menos un año desde la fecha de publicación de la norma.
Para ello también esperan el reglamento que debe evacuar el Servel en un plazo de 60 días.
Punto pendiente
Con todo, la norma de financiamiento fue promulgada con un aspecto pendiente. Esto, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional el artículo 144, según confirmó el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría.
Dicho precepto fija en el Servel la facultad de recibir y tramitar las denuncias por incumplimiento de la ley electoral, reemplazando el rol de los Juzgados de Policía Local. “Hemos estado conversando con el Ejecutivo, para mantener la coherencia que tiene esta gran reforma electoral, enviar una ley express porque el problema fue un tema formal, de que era necesario consultarle a la Corte Suprema porque hay un cambio en lo que son las facultades de los tribunales de policía local”, dijo.
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