La reforma tributaria de de Sebastián Piñera en 2012 incorporó una serie de modificaciones a la tributación del Impuesto a la Renta, siendo una de las principales las instrucciones impartidas en lo referido a los precios de transferencia. O sea, la manera en que empresas chilenas realizan operaciones con sus filiales en el exterior, idealmente a precios de mercado.
En esta línea, el Servicio de Impuestos Internos (SII) fortaleció la fiscalización de dichas transacciones para reducir potenciales focos de elusión tributaria al realizarse bajo precios de mercado. A cuatro años de aprobada esa ley, el SII volverá a poner el foco en las operaciones transfronterizas.
El fiscalizador tributario se encuentra preparando una circular con instrucciones sobre las multas a cursar por la presentación tardía, incompleta o maliciosamente falsa de la declaración jurada de precios de transferencia, que cada contribuyente que realice operaciones con relacionadas en el exterior debe presentar a más tardar el último día hábil de junio.
¿La razón? El SII respondió a la consulta de un particular sobre el número de fiscalizaciones realizadas desde la entrada en vigencia de la normativa. El organismo reconoció que ha notificado a 255 contribuyentes para revisión de precios de transferencia, con un monto liquidado y rectificado en la materia que totaliza US$ 265 millones.
“A la fecha no se han cursado multas por esta materia. Sobre la materia, cabe señalar que este servicio dictará prontamente una circular que imparte instrucciones sobre las sanciones”, señala la respuesta vía Transparencia del SII.
Los detalles
El SII publicó un borrador de la circular (la número 21) el 28 de diciembre pasado, la cual recibió comentarios del mercado hasta el 12 de enero.
En el texto -de seis páginas- se establece que las multas por la presentación errónea, incompleta o extemporánea de la declaración jurada ascenderán a entre 10 a 50 unidades tributarias anuales (UTA), o sea entre $ 8 millones y $ 26 millones.
Sin embargo, en caso de que la declaración presentada fuera maliciosamente falsa, el contribuyente será sancionado con una multa que oscilará entre el 50% y el 300% del valor de impuesto eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo, conforme a los dispuesto en el inciso primero, número cuatro, del artículo 97 del Código Tributario.
Para la determinación de las multas, el borrador establece dos escalas. La primera es para el caso de la declaración no presentada y el número de operaciones, estableciendo que la multa máxima cursará para las operaciones no informadas desde el 1 de octubre de cada año, siempre y cuando superen el centenar.
La segunda escala se relaciona con las declaraciones presentadas fuera del plazo legal, para las cuales aplicará como tope una multa de 40 UTA ($ 21 millones) si el retraso supera los 91 días, siempre y cuando las operaciones no informadas superen el centenar.
Las multas no podrán exceder el límite mayor entre el equivalente al 15% del capital propio del contribuyente o el 5% de su capital efectivo.
SII ha gastado US$ 10 millones en reforma tributaria
A fines de septiembre próximo se cumplirán dos años desde la aprobación de la reforma tributaria, proyecto que el año pasado fue sujeto de una simplificación legal para aclarar, entre otros temas, la interacción entre los sistemas de integración parcial y renta atribuida.
El proceso de implementación ha sido arduo para la Subsecretaría de Hacienda -encargada de poner en marcha el proyecto- y las instituciones involucradas: el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas.
Pero la fase de implementación tampoco ha estado exenta de costos financieros, sobre todo para el SII: según información obtenida mediante Ley de Transparencia, el organismo liderado por Fernando Barraza ha gastado US$ 9,8 millones en poner en marcha el proyecto el año pasado.
Eso sí, el SII declinó especificar el detalle de los desembolsos.
En enero pasado, Diario Financiero publicó el detalle de los gastos incurridos por el resto de los servicios relacionados al proyecto. Así, entre la subsecretaría, Aduanas y Tesorería se gastaron US$ 9 millones el año pasado en la tarea.
La entidad liderada por el subsecretario Alejandro Micco ha destinado más de US$ 640 mil en la implementación, desglosado en casi US$ 300 mil en difusión. Mientras que US$ 345 mil fueron invertidos en estudios sobre el proyecto.
Mientras que Aduanas se gastó US$ 6,7 millones el año pasado. En el caso de Tesorería, los gastos en la puesta en marcha de la reforma ascienden a US$ 2,1 millones.
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