La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestó su preocupación por el
impacto en los costos que experimentarán las empresas del comercio,
principalmente las de menor tamaño, debido a la implementación de la nueva ley sobre semana corrida.
El presidente de la Cámara de
Comercio de Santiago, Peter Hill declaró que "el comercio emplea a muchos trabajadores que ganan comisiones
y otras remuneraciones variables". Al aplicárseles la nueva ley sobre semana
corrida, los costos salariales se verán fuertemente incrementados, ya que a
trabajadores contratados sobre base mensual se les aplicará un beneficio
diseñado expresamente para contratos por día, donde sí tiene sentido el pago
adicional de los días no trabajados como son los domingos y festivos.
"De esta
forma, se han aumentado por ley los costos del comercio y de todas aquellas
actividades que tienen una parte de sus trabajadores con remuneraciones
variables, sin mediar una mayor productividad del factor trabajo", señaló
Hill.
Costos
El líder gremial indicó que
de acuerdo a estimaciones preliminares de la CCS, el incremento promedio de las
remuneraciones variables será de entre un 20% y 25%, lo que incrementaría los
costos salariales totales del sector en cerca de US$ 500 millones anuales. El
costo estimado para toda la economía sería cercano a los US$ 1.000 millones por
año.
En el caso de las pequeñas
empresas, intensivas en mano de obra, aumentos de costos de tal magnitud atentan
seriamente contra su competitividad y la viabilidad de su
negocio.
Frente a esta situación,
Peter Hill sostiene que "muchas empresas -sobre todo las de menor tamaño- se
verán forzadas a ajustar su personal a las nuevas circunstancias, con el
lamentable impacto que ello tendrá sobre el empleo".
El dirigente recordó que "el comercio representa el 20% del empleo total en la economía, y que en los
últimos doce meses ha constituido la principal fuerza de creación de trabajo,
aportando 4 de cada 10 nuevas plazas laborales, lo que representa casi 80 mil
empleos".
El directivo sostuvo que "los
incrementos salariales impuestos artificialmente son una manera de precarizar el
empleo", que en este caso además atentan contra los incentivos ligados a la
productividad. En efecto, dado que el aumento de costos se ha vinculado
precisamente a las rentas variables, se generan incentivos para reducir su
relevancia, lo que impacta negativamente en la productividad laboral.
"Este hecho nos preocupa
particularmente, porque revela una alarmante incongruencia con las políticas pro
productividad", dijo.
Los incrementos de costos
impuestos por la nueva Ley esconden además un potencial efecto inflacionario,
en la medida en que algunas empresas se vean forzadas a traspasar parte de
dichos costos a precios finales.
En cualquier escenario (ya
sea por mayor desempleo o por más inflación), a la postre son los trabajadores
los principales perjudicados.
Finalmente, el directivo del
Comercio deploró que un proyecto de ley "que tenía una finalidad distinta,
terminara provocando situaciones dañinas e indeseables". "Si existe de parte del
Ejecutivo y de los legisladores la voluntad de subsanar esta situación, debieran
aprobar una ley rectificatoria. De lo contrario, al menos debiera existir un
reconocimiento sobre el impacto que ello tendrá en los costos y competitividad
de las empresas", concluyó Peter Hill.
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