En noviembre de 2022 el Ejecutivo ingresó un proyecto que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La iniciativa, que está en segundo trámite en la Comisión de Mujer del Senado, después de más de dos años de tramitación podría avanzar con más celeridad desde aquí.
Esta semana la instancia aprobó en general el proyecto que está con suma urgencia -15 días en cada cámara- y se abrió espacio para indicaciones hasta el 14 de marzo a mediodía. Estas podrían ir por la vía de cambiar la obligatoriedad de la implementación de la norma a la voluntariedad y la progresividad de la aplicación de la misma, para el caso de la oposición, según adelantó la opositora senadora Paulina Núñez (RN), otra de las integrantes de la comisión.
La iniciativa consagra el modelo de cuota sugerida, “comply or explain”, como regla general, sujetándola a un proceso de revisión permanente por parte de la CMF.
Más de dos años ha transitado la propuesta del Gobierno por los recovecos del Congreso, pero algunos de los integrantes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara Alta estiman que tras las indicaciones, el proyecto debiera tener un rápido avance.
Sanhueza admite que el nudo principal que percibe en el proyecto, que establece que las personas de un mismo sexo no podrán exceder el 60% del total de miembros del directorio, es la obligatoriedad.
Sanhueza: “Apunta a una elite que accede a los directorios”
El único hombre de la comisión, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), señaló que ello se debe a que no hay muchos nudos que impidan su avance; por el contrario, añade que hay “bastante consenso” en torno a que es algo necesario, pero “tampoco es tan importante porque apunta a una elite que accede a los directorios”.
Sin embargo, Sanhueza admite que el nudo principal que percibe en el proyecto, que establece que las personas de un mismo sexo no podrán exceder el 60% del total de miembros del directorio, es la obligatoriedad. Tanto él como Núñez prefieren hablar de “incentivos”. Desde su punto de vista, “poner incentivos positivos para que las empresas vayan generando cambios en sus directorios es mejor”.
El “Informe de Género en el Sistema Financiero 2022”, elaborado por la CMF, consigna la participación de mujeres en directorios de empresas IPSA sólo en un 19,4% y, en una mirada más general, la participación de mujeres en la totalidad de directorios de empresas que listan en bolsa disminuye a 12,6%.
En este sentido, ejemplariza, difundir a las empresas que “voluntariamente” comiencen a incluir a más mujeres en sus directorios, ya sea a través de un ranking o una medida por el estilo, versus aquellas que “producto del cuestionamiento social van a quedar como machistas”. Pero también aboga por la necesidad de establecer una mayor gradualidad, considerando –recalca- que estas modificaciones tienen más que ver con “cambios culturales”.
Según los datos recabados por el Ejecutivo para fundamentar la necesidad de la norma, al año 2022, el “Informe de Género en el Sistema Financiero 2022”, elaborado por la CMF, consigna la participación de mujeres en directorios de empresas IPSA –índice que concentra a las treinta empresas que cuentan con mayor presencia bursátil en el mercado- sólo en un 19,4% y, en una mirada más general, la participación de mujeres en la totalidad de directorios de empresas que listan en bolsa disminuye a 12,6%.
Por otro lado, en las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, las mujeres tienen un 26,4% de participación en directorios y en las compañías de seguros un 22,1%. En cambio, en bancos su participación es de un 8%, en sus filiales es de un 9% y en directorios de empresas emisoras de tarjetas de crédito no bancarias la participación alcanza sólo un 8,6%.
“No hay piso para la obligatoriedad”
Por su parte, Núñez destaca que lo que se discute actualmente en la instancia “es un proyecto muy distinto del que ingresó”. Asegura que la “progresividad” en la aplicación de la norma contribuye a acuerdos y el hecho de que no haya sanciones, significa que irá de la mano con los cambios culturales, enfatiza.
En este sentido, la senadora explica que “se espera que en seis años se llegue a una integración de 60%-40% en los directorios para los que está destinada la norma; lo que ayuda a lograr la meta final, que es llegar a mujeres en la primera línea de las empresas, en las gerencias”.
Más mujeres hacen la pega más eficiente; por lo tanto, hoy, es un buen negocio tener mujeres en el directorio. Esas empresas han rendido más.
De hecho, según la parlamentaria opositora, con este proyecto “más mujeres hacen la pega más eficiente; por lo tanto, hoy, es un buen negocio tener mujeres en el directorio. Esas empresas han rendido más”.
En todo caso, Núñez explica que “si no se cumple con lo establecido en la ley, en la etapa de la voluntariedad, hay un proceso obligatorio transitorio”; ahí es donde está el nudo, plantea, porque “en Chile lo transitorio se transforma en para siempre”. En cualquier caso, subraya que “el Ejecutivo se da cuenta de que no hay piso para la obligatoriedad”.
Ayuda del Estado para implementar procesos
La presidenta de la comisión, senadora Loreto Carvajal (PPD), hace especial hincapié en la gradualidad de la aplicación de la norma; pero, además, en el marco de las indicaciones que se deberían ingresar dentro del plazo estipulado, enfatizó que con la subsecretaria de Economía Javiera Petersen conversaron una indicación que apunta a que las empresas privadas que deban implementar esta normativa cuenten con la ayuda de distintos organismos del Estado en el proceso.
Leyes como este proyecto “promueven que no se perpetúen modelos, sino que se cambien; dejarlo sólo al cambio cultural es mentirnos a nosotros mismos”, sanciona la presidenta de la Comisión de Mujer, senadora Loreto Carvajal.
La senadora señala que actualmente sólo un 15% de mujeres integra los directorios, lo que está muy por debajo de los niveles OCDE. Y se hace cargo de la postura de sus pares de oposición en cuanto a que el proceso debe ir al ritmo de los cambios culturales, “pero con ese discurso habría que haber esperado 200 años para que hubiera mujeres en el Congreso, más aún en los directorios… Cuando las sociedades no se autorregulan, las leyes deben contribuir a eso”, subraya.
Incluso agrega que leyes como este proyecto “promueven que no se perpetúen modelos, sino que se cambien; dejarlo sólo al cambio cultural es mentirnos a nosotros mismos”, sanciona.
“Las empresas son reacias”
El abogado Arie Misraji, socio de Misraji&Béjar Abogados, experto en Derecho Corporativo, señala que si bien lo deseable es que los gobiernos corporativos fueran equilibrados y que la toma de decisiones fuera producto de un balance de los distintos intereses y sectores de las compañías, pero eso –advierte y comparte con la mirada de la senadora Carvajal- “no ocurre espontáneamente”.
Las empresas son algo reacias, a priori, a implementar cambios forzosos y, se entiende, puesto que a todos nos gusta tomar libremente la decisión de cómo integrar los órganos de la empresa".
De ahí la necesidad de incorporar mecanismos de inclusión y equidad, añade. “El órgano de toma de decisiones, idealmente, debe recoger diferentes puntos de vista, voces y opiniones, en pos de que las decisiones consideren la mayor cantidad de variables posibles, todo en beneficio de las compañías. Eso, naturalmente, se logra en la medida que exista mayor heterogeneidad en los directorios”, señala.
Sin embargo, admite, “las empresas son algo reacias, a priori, a implementar cambios forzosos y, se entiende, puesto que a todos nos gusta tomar libremente la decisión de cómo integrar los órganos de la empresa; pero creemos que es una buena oportunidad para generar un mayor equilibrio en una instancia donde muchas veces ha faltado la visión única y propia que puede dar una mujer."
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