La semana distrital, lejos de pausar las conversaciones por la reforma laboral, está dando espacio para tomar impulso y preparar la artillería para el próximo martes. En la antesala de lo que será la puesta en escena de la comisión mixta, el oficialismo y la oposición mueven sus piezas para aunar posiciones y definir la estrategia que emprenderán en esta instancia.
Mientras los miembros oficialistas han sostenido por estos días conversaciones privadas en torno al tema, la oposición ha hecho lo propio tratando de articular su ofensiva. Si bien en primera instancia se intentó convocar a una reunión para fines de esta semana para evaluar qué materias podrían pelear en la comisión mixta, finalmente, los problemas de agenda obligaron a que los parlamentarios comiencen a resolver sus dudas a través de correos y llamadas telefónicas.
Esto, a partir de una minuta elaborada por el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Sergio Morales, con los contenidos que se jugarán su pase en la mixta y los argumentos que avalan -a juicio de la oposición- la debilidad de los ajustes alcanzados. Precisamente, el consenso de la Alianza es votar contra las propuestas que fueron parte del acuerdo alcanzado en la discusión de tercer trámite de la Cámara, ya que dichas redacciones serían derechamente “insuficientes”.
La minuta que se comenzó a distribuir aborda los puntos aprobados en el tercer trámite y la materias que llegaron a la mixta, como fuerza, planilla de remuneraciones y negociación colectiva con sindicatos interempresa. En el documento se asegura que ante la eliminación de la figura del reemplazo en huelga “nos vemos enfrentados a una colisión de derechos”, agregando que “el Ejecutivo repone con una redacción distinta la posibilidad de establecer un reemplazo extremadamente acotado, que mal podría decirse que es una suerte de reemplazo interno”.
Se indica, además, que en el Senado se introdujo un ajuste que permite la extensión de beneficios universal de manera “excepcionalísima” respecto de la cláusula de reajuste de remuneración y sólo si dicho reajuste (IPC) fue ofrecido por el empleador en la respuesta al proyecto de contrato colectivo. “De este modo se cierra cualquier posibilidad a otras fórmulas de extensión, toda vez que salvo este pequeño avance, en todo lo restante el sindicato tendrá poder de veto para extender beneficios a los no sindicalizados y extendiendo de manera automática -sin consulta al empleador- las estipulaciones del instrumento colectivo a nuevos trabajadores, por el mero hecho de afiliarse al sindicato. Esto no es más que una forma tramposa de buscar asegurar como piso mínimo de la negociación el reajuste”, se advierte.
En la oposición conocen la intención del gobierno de instalar en la mixta una norma de práctica antisindical relativa a subcontratación. Sin embargo, Hacienda sería de la idea de no agregar tópicos al debate, considerando la tramitación que ha enfrentado el articulado. Esta mirada la comparte la derecha, ya que serán enfáticos en rechazar ideas que amplíen las materias en discusión.
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