Una verdadera sorpresa implicaron, tanto a nivel nacional como fuera de Chile, los resultados de la mega elección del fin de semana. Pero, más que los nombres específicos, lo que llama la atención a analistas, mercados y a la ciudadanía en general es la inesperada composición de la Convención Constitucional, que implicó un fuerte rechazo a los bloques políticos tradicionales que han gobernado en los últimos 30 años.
Ante tanta incertidumbre, la clasificación soberana del país salta inmediatamente como una preocupación para el mundo económico, pero Fitch Ratings defiende que no habría de qué preocuparse en dicho plano, por el momento.
"Fitch considera que la calificación actual de Chile en A- es muy sólida y podrá soportar importantes incertidumbres políticas y económicas después de la rebaja de la calificación en octubre de 2020", se lee en un comentario enviado esta mañana por el director senior de Soberanos de la agencia, Richard Francis.
Cabe recordar que, en octubre pasado y solo diez días antes del plebiscito en el que alrededor del 80% de votantes dijo "Apruebo" a una nueva Constitución, la firma recortó la clasificación soberana del país, como consecuencia del estallido social y la pandemia.
De cara a lo que viene, Francis indicó que "supervisaremos el proceso de reescritura constitucional para detectar posibles cambios en el sólido marco institucional de Chile", señalando que, más allá de lo inmediato, "los riesgos tanto a la baja como al alza dependerán de posibles cambios en la gobernanza, la situación fiscal y de deuda y las perspectivas de crecimiento a mediano plazo".
Si bien no esbozó mayores preocupaciones, el economista advirtió, eso sí, que "la reescritura constitucional podría afectar a estas tres áreas".
Transición estable
Desde S&P, el sentimiento es más o menos similar. El director gerente de calificaciones soberanas para América Latina, Joydeep Mukherji, espera que la transición de Chile a una nueva Constitución durante los próximos años sea "estable", según escribió en un comentario difundido este lunes, lo que dice que implicaría que se mantendrá la confianza de los inversionistas.
"Esperamos que Chile mantenga la formulación de políticas y las instituciones políticas predecibles, así como la transparencia y la rendición de cuentas de sus instituciones", dice el reporte, que también detalla que contempla que en la reescritura de la Carta Magna, el Banco Central "mantenga su autonomía y credibilidad, y que la economía permanezca abierta al comercio y los flujos de capital".
En este escenario, el economista advierte que "una transición exitosa a una nueva Constitución depende de la capacidad de crear una visión política compartida del país que establezca el marco para las políticas que afectan la inversión, el crecimiento del PIB y las finanzas públicas".
En el plano estrictamente soberano, Mukherji recuerda que la evaluación institucional de un país es un elemento clave del análisis, y plantea que el nuevo texto constitucional podría "alterar el equilibrio de poder entre las ramas del Gobierno, cambiando potencialmente la efectividad, estabilidad y previsibilidad de la formulación de políticas y las instituciones políticas".
En cuanto al escenario más probable, destaca que el papel económico del Estado se expandirá bajo el nuevo orden constitucional, lo que se reflejaría en mayores servicios públicos y el tamaño de la red de seguridad social.
"El desafío será hacer coincidir el aumento del gasto con nuevos ingresos permanentes para proteger las finanzas públicas", dice el experto, que precisa que la política fiscal también puede verse afectada por la nueva Carta Magna. "Incorporar más derechos en la nueva Constitución chilena puede mejorar las condiciones sociales, pero también podría hacer que la futura política fiscal sea más rígida", comenta el experto.
En términos generales, Mukherji recuerda que el "diseño y la aplicación de la nueva Constitución de Chile indudablemente cambiarán el equilibrio de poder entre los poderes del Estado", y también podría alterar la forma para elegir a los miembros del Congreso. "Con el tiempo, se hará evidente si dichos cambios tienen un impacto material en la gobernanza y la trayectoria de calificación de Chile", concluye.
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