El Consejo Para la Transparencia (CPLT), con el objetivo de determinar la situación de acceso y disponibilidad de información sobre las compras y contrataciones efectuadas por el Estado asociadas al plan de vacunación contra el Covid-19, realizó una fiscalización de la información disponible en Transparencia Activa desde febrero de 2020 hasta mayo de 2021, logrando establecer montos transados cercanos a US$425 millones.
Según el organismo, durante la fiscalización constató la “imposibilidad” de identificar compras o contrataciones relativas a vacunas a nivel de la sección Adquisiciones y Contrataciones, y las subsecciones Sistema de Compras Públicas y Otras Compras en las páginas de los ministerios.
Sin embargo, sí se identificaron transferencias desde la subsecretaría de Salud Pública a Pfizer (43 operaciones) por un total de US$ 88,8 millones; a Sinovac (27 transferencias) por un total de US$ 322 millones; y a AstraZeneca (4 transferencias) por un total de US$ 14,2 millones.
Considerando que corresponden a transferencias que no suponen la contraprestación de bienes y servicios, el estudio indica que “resulta de interés conocer el hecho que motiva las transferencias registradas, por cuanto los montos corresponden a niveles sólo asemejados a grandes licitaciones”.
Descripciones genéricas
La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, explica que en el caso de la Subsecretaría de Salud Pública se identificaron una serie de transferencias a laboratorios que comercializan vacunas contra el Covid-19, “pero asociadas a descripciones genéricas que impiden determinar cuál es el objeto o finalidad de tales transferencias”.
En vista de que aquello representa un incumplimiento de las normas sobre transparencia activa, se ofició a la subsecretaría solicitando que durante julio subsanen la situación y realicen las rectificaciones.
La presidenta del CPLT explica que “el destino de estos recursos podría involucrar desde la compra de vacunas hasta su refrigeración o distribución, u otros fines”. Por ello es importante que la subsecretaría “describa claramente la finalidad y objeto de las transferencias que publica en Transparencia Activa”.
En el CPLT señalan que han abogado por mayor apertura en decisiones en las que ha tenido que establecer la entrega de contratos con laboratorios, coherente con la protección del derecho de las personas a la información pública.
De La Fuente precisa que “por supuesto que esperamos que el acceso a la información bajo ningún punto de vista cause algún perjuicio para el proceso de vacunación”. Al revés, dice, “esperamos que el plan de vacunación siga su curso. No vemos una contradicción entre la apertura de la información como un derecho fundamental y una amenaza al plan de vacunación”.
Unión Europea y México
La dirección de Estudios del CPLT constató que el proceso de vacunación a nivel internacional no ha estado exento de polémicas en países de América Latina, existiendo acusaciones de corrupción, preferencias o complicaciones en negociaciones con laboratorios.
Lo que se observa, señalan, es un escenario de reserva respecto a los precios de las vacunas. De hecho, durante el levantamiento de información, se encontraron solo dos instancias que publican los contratos con los laboratorios: la Unión Europea y México. En el primer caso, con dos laboratorios, donde no se expresan montos e, inclusive, se observan tramos del documento “tachados”, y en el segundo las autoridades entregan versiones públicas, pero con poca profundidad.
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