Con un criterio de universalidad acotado a los inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) -excluyendo a quienes tengan ingresos por sobre $ 1.200.000-, la renta básica que propuso ayer la oposición al Gobierno, fue bien recibida por los expertos.
“Si se quiere hacer una política universal, me parece adecuado usar al RSH completo y generar una regla de exclusión”, señala el economista socio de FK Economics, Jorge Fantuzzi, ya que el registro no tiene barreras”.
“Creo que es apropiada (...)puede funcionar”, asevera el director del Centro de Estudios y Encuesta Longitudinales UC, David Bravo.
Con un costo adicional mensual para el Ejecutivo de US$ 1.600 millones, la renta -que toma el valor equivalente a la línea de la pobreza más un 30% adicional- se entregará hasta septiembre con la opción de ser prorrogable.
Bravo destaca que se trate de una acción “transitoria”, dada la masividad de las caídas de ingresos, que en el momento más complejo de la crisis afectó al 60% de los hogares, según los datos de la encuesta de empleo UC.
Eso sí, un punto que reconoce que le gustaría ver plasmado con un compromiso desde la oposición es que no se apoyarán en la emergencia nuevos retiros desde los fondos que administran las AFP: “No se puede dejar abierta la posibilidad de que continúen”.
A lo que Frigolett agrega que con esta propuesta “un cuarto o quinto retiro de fondos de pensiones no serían necesarios”.
Respecto a la estimación del monto de la renta, Fantuzzi pone el acento en la necesidad de ligar el 30% adicional con incentivos para asegurar la recuperación del empleo.
A su juicio, ello es clave “para que todo el sistema funcione ahora que por primera vez vemos luz al final del túnel” con el proceso de vacunación.
En un sentido similar, el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y académico de la UDP, Rafael Sánchez, comenta que -más allá de la justificación del 30% adicional- su preocupación está en “cómo conversa con la realidad del mercado del trabajo” esta renta.
Explica que hay “detalles” no especificados que pueden ocasionar distorsiones como qué pasará en zonas geográficas que puedan comenzar a funcionar; o, bien, qué interés puede tener un beneficiario de la renta básica si el trabajo es por el salario mínimo.
Menos aprensivo, Frigolett recalca que el efecto sobre el empleo se verá una vez que la actividad productiva se retome, ya que el verdadero riesgo para que las personas se puedan sumar al mercado laboral es que se normalicen las ventas, porque “si no hay ventas, no hay posibilidad de contrataciones” aun cuando existan subsidios.
En cuanto al financiamiento, Bravo apunta a la responsabilidad de que el costo fiscal sea sustentable tomando en cuenta que se trata de un plan de “grandes dimensiones”.
Ante esto, Fantuzzi advierte que si se eleva el endeudamiento fiscal por desfocalizar, se limitará la capacidad del Estado para generar programas sociales dirigidos a los más vulnerables.
Ante ello, Frigolett plantea que se debe acelerar los procesos de reforma tributaria, que permitan asegurar una mayor recaudación para hacer frente al un impacto que genera, sobre todo, en el flujo de intereses de la deuda.
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