Finalmente, hoy la mesa de expertos convocada por el Gobierno entregará oficialmente el informe solicitado para mejorar la medición del grado de vulnerabilidad de las familias del país dentro del Registro Social de Hogares (RSH).
En una reunión por Zoom, está previsto que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, reciba la serie de recomendaciones que emanaron del trabajo -que realizaron entre agosto de 2020 y enero de 2021- el grupo integrado por Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas UC), María Pía Martín (U. de Chile), Andrea Repetto (UAI), María Paz Arzola (LyD), Mauricio Villena (UDP), Jorge Fantuzzi (FK Economics), Javiera Troncoso (PNUD), Claudia Martínez (Instituto de Economía UC), Cristóbal Huneeus (Unholster) y Claudia Sanhueza (CEAS, U. Mayor).
Esto luego que circunstancias asociadas a la pandemia alargaran el intercamcio de comentarios finales.
A cinco años desde la implementación del RSH y en el contexto en que se criticó el despliegue oportuno de las ayudas estatales ne la pandemia, se encargó a este panel un diagnóstico, revisión e identificación de potenciales mejoras a la Calificación Socioeconómica (CSE) que se utiliza para medir el grado de vulnerabilidad. "Tener un registro que sea capaz de reaccionar mejor frente a la emergencia" fue el foco principal de las recomendaciones, explica Fantuzzi.
Recomendaciones
El economista explica que los expertos "trabajaron con la convicción de que se trata del instrumento, de cómo determino como Estado quienes necesitan ayuda más urgente".
En su rol de coordinador entre los economistas y la contraparte técnica de los ministerios de Desarrollo Social y Hacienda, destaca que las mejoras que se proponen van en la dirección de que el Estado tenga una medición "despolitizada" que vaya en línea con un criterio de "justicia".
"Esto es muy importante porque no tiene que ver con eficiencia, sino que de justicia de que aquel que más lo necesita aparezca en verdad antes en la fila", aclara, aún cuando la política social tenga un determinado lineamiento del Gobierno de turno. Esto en el sentido de que puede ser más focalizada o universal.
Dentro de las sugerencias del informe, en el ámbito de la "oportunidad" se propone mantener las medidas establecidas durante la pandemia que apuntaban a la flexibilización de documentos solicitados y aprobación automática para algunas solicitudes.
El énfasis, explica Fantuzzi, está en que las familias puedan registrarse de manera más expedita y que la verificación de la información sea "más flexible, rápida, ágil y que se aprovechen más las herramientas del Estado en el cruce de datos".
Otra que va en la misma dirección es que cada 15 días se actualice el cálculo del CSE. Esto significaría que una persona que se inscribe en el RSH o que actualice su información pueda contar con su puntaje dentro del mismo mes. Hoy no ocurre así, ya que demora, a lo menos, 30 días.
Además, se propone incluir nuevas variables en la medición con indicadores que permitan determinar la vulnerabilidad en el largo y en el corto plazo. El objetivo es mejorar la focalización.
Sobre las estrategias de focalización, destaca del reporte la advertencia sobre evitar los cortes abruptos en el acceso de los beneficios. "Lo que tratamos de decir es que no puede ser que tengas todo o nada en la oferta pública", aclara Fantuzzi, ya que eso puede condicionar las decisiones estratégicas de los hogares en relación a la información que entregan, al tipo de trabajo en que se ocupan, entre otras. Por lo que aconsejan que se extingan con gradualidad.
"Estamos muy contentos de poder contar con este informe" comentó la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar. "Este es el resultado de un trabajo colaborativo y de largo aliento, donde ya hemos avanzado en muchas de estas medidas", agregó.
La medición de la vulnerabilidad
en el Registro Social de Hogares
El Registro Social de Hogares (RSH) tiene antecedentes autorreportados por las familias junto a datos entregados por distintas instituciones del Estado. Sirve para la postulación y selección de los beneficios entregados por el Fisco.
Se divide en siete tramos de ingresos en una escala que va desde 0% al 100%, en donde a menor porcentaje es mayor el grado de vulnerabilidad. Es decir, los del tramo del 0% al 40%. Para su cálculo, se utiliza la calificación socioeconómica (CSE) que mensualmente la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) actualiza en base a un promedio de doce meses de la suma de los ingresos de las personas que componen el hogar, el número de integrantes, corregido por un Índice de Necesidades. Este, a su vez, reconoce las diferencias en gastos que enfrenta un hogar conforme a la edad y grado de dependencia o discapacidad (leve, moderada o severa) de quienes lo componen. Dado que no siempre se tiene información de todos los ingresos que reciben las personas -por ejemplo, los que provienen de trabajos informales-, la CSE se construye evaluando la coherencia entre los ingresos y el valor de ciertos bienes y servicios ("medios") a los que accede la población.
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