Anclado en la Línea de la Pobreza (LP) y dirigido a quienes estén inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) que tengan un ingreso per cápita de hasta $ 800.000 líquidos, la nueva versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) inició ayer su periplo en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
Con discusión inmediata, el proyecto fija un aporte que parte con $ 177 mil para un hogar unipersonal y llega hasta $ 887.000 para uno de hasta 10 personas.
Si bien se espera que desde la oposición los parlamentarios hagan notar sus divergencias -asumiendo que enviaron una propuesta que establecía un criterio de universalidad al 100% del RSH con un monto que agregaba un adicional de 30% a la LP- desde la perspectiva de los expertos en políticas públicas el diseño que promueve el Ejecutivo es correcta.
“El umbral de corte es bastante amplio en comparación con los que hemos tenido tradicionalmente”, dijo el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, con lo que -según datos de la Casen 2017- el apoyo estatal llegaría al 80% de la población del país.
En la misma dirección, la exsubsecretaria de Evaluación Social, Heide Berner, consideró “adecuado que sea para todas las personas del RSH y que se le ponga este tope máximo de ingreso per cápita, porque se entiende que tienen mayores posibilidades”.
Un punto que apoya el economista socio de FK Economics, Jorge Fantuzzi, ya que dado que “cualquier persona” puede estar en el registro, es necesario excluir al 10% superior de los hogares.
Respecto al monto, los expertos coincidieron en que el uso del parámetro de la LP es el acertado.
“Hubo todo un proceso, meditado y consensuado de años para definir la Línea de la Pobreza. No es un numero arbitrario”, explicó Irarrázaval, por lo que es “lo que corresponde utilizar (...)en estos procesos de decisiones políticas que tienen que intentar ampararse en evidencia y conocimiento acumulado”.
¿Presión fiscal?
Formulada por tres meses, la propuesta de IFE del Gobierno involucraría US$ 8.670 millones, los que sumado al Fondo de Bono PYME y a medidas tributarias, elevan el costo a US$ 10.790 millones.
Ante esto la economista senior de LyD, Macarena García, resalta que ello no supondría una mayor presión fiscal “a la que ya hay”, si se toma en cuenta que Hacienda estimó una recaudación extra por el alza del cobre de US$ 10 mil millones, con lo que se podría solventar gastos transitorios. Eso sí “hay que tomar acciones para volver a retomar un gasto público coherente con los ingresos de largo plazo”.
¿Quiénes quedarían fuera del beneficio?
Con el umbral de corte propuesto por el Ejecutivo para acceder al beneficio (ingreso de $ 800.000 líquidos por persona) a quienes se excluye, en la práctica, es a los que en el Registro Social de Hogares (RSH) están entre el 91% y el 100% del tramo de calificación que establece el grado de vulnerabilidad.
Ellos, sobre la base de datos proporcionados por la Subsecretaría de Evaluación Social, tienen un ingreso promedio per cápita de $ 1.256.451 y a mayo representan el 4,1% de las 6.960.015 familias inscritas en el RSH.
Por regiones, este total de 287.054 hogares se distribuyen en 38,4% en la Región Metropolitana; 8,8% en la Región de Valparaíso, 8,4% en Biobío; 5,6% en Antofagasta y 5,4% en O'Higgins y el Maule. Mientras que el 26% se reparte en las diez regiones restantes del país.
Dado que el diseño que presentó el Gobierno incluirá a un grupo por sobre el 80% del grado de vulnerabilidad (que actualmente no obtiene el IFE), se introdujo una indicación en el proyecto para que quienes estén entre el 91% y el 100% declaren sus ingresos al momento de postular.
Y siempre que la suma de los ingresos del hogar dividido por el número de sus integrantes sea de un monto igual o menor a $ 800.000, podrán acceder al aporte estatal.
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