Los resultados de la elección de constituyentes y los impactos que la composición de la misma tendrá en el desarrollo económico del país siguen dando de qué hablar. Aunque inmediatamente después de los comicios Fitch Ratings puso paños fríos al decir que la calificación actual de Chile "es muy sólida y podrá soportar importantes incertidumbres políticas y económicas", hoy realizó un nuevo comentario.
"Lo que los inversionistas quieren saber: Reescritura constitucional de Chile", se titula un informe especial publicado este miércoles por la agencia clasificadora, el cual advierte que "los cambios a la Constitución podrían ser relevantes para las calificaciones con el paso del tiempo, mientras que el debate que lo acompaña podría influir en la agenda política en el futuro".
El reporte liderado por el director senior de Soberanos de la agencia, Richard Francis, señala que la composición de la convención destaca "la creciente fragmentación política y aumenta la incertidumbre sobre la reescritura de la Constitución", a lo que agrega que el que la derecha no haya logrado adjudicarse un tercio de los escaños puede favorecer una "Constitución 'expansiva' que enumere objetivos explícitos en lugar de principios más amplios."
Y, aunque recuerda que todavía no está claro como funcionará este organismo -del cual destaca su heterogeneidad- la agencia con sede en Nueva York plantea que lo que sí está claro es que "la gestión de coaliciones será difícil".
"Es probable que la Asamblea debata cuestiones con posibles implicaciones en las calificaciones a mediano plazo", se lee en el reporte, que precisa que además de la forma de gobierno que regirá en Chile, las conversaciones podrían incluir la independencia del Banco Central, los derechos de propiedad, pensiones, educación, vivienda y atención médica, por ejemplo.
En este escenario, Fitch recalca que un Banco Central independiente y un marco fiscal basado en reglas "han sido clave para la previsibilidad de las políticas macroeconómicas", y de cara a lo que viene, estiman que se mantendrá la autonomía del instituto emisor, "aunque su mandato podría ampliarse". En lo relativo a los derechos de propiedad, se señala que estos "se han consagrado en las constituciones posteriores a la independencia y es poco probable que cambien de manera fundamental".
Un tema ya recurrente dentro de las preocupaciones de clasificadoras y bancos de inversión es que el sumar derechos sociales específicos "podría aumentar las presiones de gasto ya elevadas, lo que lastra las cuentas fiscales", alerta Fitch. Sumado a ello, Francis y su equipo advierten que "las deliberaciones de la Asamblea Constituyente podrían influir en la agenda política a medida que se acercan las elecciones presidenciales y del Congreso de noviembre, lo que aumenta la incertidumbre política".
Al igual que hace algunas semanas, la clasificadora recalcó que la nota de "A-" es sólida, y que está en línea con el puntaje del modelo de calificación soberana. "La respuesta pandémica del gobierno, en particular los rápidos esfuerzos de vacunación, apunta a las fortalezas institucionales", concluye el análisis.
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