El manejo de la primera ola de la pandemia en 2020 requirió la máxima atención de los siempre escasos recursos fiscales, razón que llevó al Ministerio de Hacienda a aplicar una inédita medida en marzo del año pasado.
A través del oficio N° 11 del 23 de marzo, el entonces ministro Ignacio Briones instruyó el reintegro de los fondos disponibles en las distintas cuentas corrientes de ministerios y servicios, con el fin de disponer de esas platas para afrontar la emergencia sanitaria. Los montos empozados estaban ubicados en diversas cuentas bancarias, subsidiarias de la Cuenta Única Fiscal que dispone cada repartición.
Cristina Torres Directora de Presupuestos.
“Dada la difícil situación sanitaria nacional, se requiere el apoyo de todos estos recursos para ejecutar y financiar las medidas necesarias para el sostenimiento tanto de la población como la economía en su conjunto”, rezaba el documento enviado a 196 entidades, que también establecía que la caja que le solicitaran a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para la ejecución de abril de ese año debía fundarse “estrictamente” en los pagos, transferencias y demás obligaciones “ineludibles” de cada mes.
Un balance de la Tesorería General de la República (TGR) le pone números al proceso de reintegro: el año pasado, el sector público transfirió US$ 1.600 millones para que el Gobierno Central afrontara la emergencia sanitaria, platas que en su totalidad se gastaron en ese fin, confirma la directora de Presupuestos, Cristina Torres.
“El uso de estos recursos reintegrados constituye una medida eficiente de financiar gasto, y al emanar de otros servicios, en efecto no constituyen ingresos fiscales adicionales, sino que representan mayor caja disponible para hacer frente a los gastos del año. Lo anterior permitió en el año 2020 financiar, por ejemplo, parte de las medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia”, asegura.
Torres defiende enfáticamente la medida: “Para calibrar el uso de estos recursos, es conveniente preguntarse: ¿cómo hubiéramos financiado el gasto del año sin esos reintegros? Hubiéramos tenido que usar más activos del FEES o hubiéramos tenido que endeudarnos. Así, esos reintegros permitieron financiar parte del gasto sin reducir los activos ni incrementar la deuda”, argumenta.
A su vez, plantea que esta es una “medida de eficiencia que debe estar permanentemente en evaluación e implementación”.
Dicho lo anterior, durante este año y, en el marco de la elaboración del Presupuesto 2022, la autoridad presupuestaria está solicitando a los servicios y ministerios justificar el uso de los recursos empozados en las cuentas corrientes, en caso de que exista un saldo positivo. En la situación contraria, se les solicita reintegrarlos como en 2020.
¿De dónde vino la plata?
Las áreas de educación, defensa y vivienda fueron las que más aportaron recursos para enfrentar la primera ola.
Así, la Subsecretaría de Educación lidera los traspasos con más de $ 226.000 millones (US$ 297 millones al tipo de cambio actual), seguida de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), con casi $ 200.000 millones (US$ 257 millones). Cierra el podio la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGA) con $ 125.000 millones (US$ 164 millones).
Entre las 20 principales instituciones que cedieron recursos desde sus cuentas corrientes destacan algunas relacionadas con la mujer y equidad de género, regiones, transporte y agricultura (ver tabla).
Las cifras también dan cuenta de los servicios e instituciones que disponen de cuentas corrientes en dólares, las que también estuvieron afectas a la obligación de reintegrar recursos no utilizados.
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