Si el martes la alicaída situación de las finanzas públicas se tomó la discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, este miércoles fue el turno para que su par del Senado recibiera a las autoridades para interiorizarse del complejo panorama fiscal, así como de las medidas correctivas que prepara el Ministerio de Hacienda.
Con este telón de fondo, el ministro de la cartera, Mario Marcel, acudió a la instancia parlamentaria junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para explicar los pormenores del cierre presupuestario 2024, y también aprovechar de presentar el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cierre del año pasado, publicado el pasado 7 de febrero.
“Nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes que se requieran, una vez que la magnitud de las brechas estén más actualizadas en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre”, dijo el ministro de Hacienda.
En una sesión en que compartió protagonismo con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), las autoridades de Teatinos 120 abordaron las explicaciones de la desviación de la meta fiscal, que tiene al Ejecutivo preparando un recorte adicional del gasto público para los próximos meses, complementario a los más de US$ 600 millones que ya ajustó en enero y que, según ha expuesto el CFA, debiera ascender a lo menos a US$ 1.500 millones.
El ministro planteó que ese monto es el resultado de la diferencia entre la meta inicial de déficit estructural del Ejecutivo, de 1,1% del PIB, y la actualización hacia un saldo negativo de 1,6% del tamaño de la economía para este año.
Eso sí, Marcel enfatizó que la magnitud definitiva del recorte presupuestario se terminará de afinar una vez que se publiquen los resultados finales de Cuentas Nacionales del Banco Central del ejercicio 2024, que se darán a conocer el próximo 18 de marzo.
Esto, ya que la proporción del Producto que representa el ajuste presupuestario puede variar en función de dicho resultado. También, se esperará el cierre definitivo de los resultados de Codelco este mes y el balance definitivo de las arcas públicas para 2024, que se conocerán en abril. En ese entonces, se tomarán las medidas correctivas de gasto.
“En términos del ajuste fiscal, entendemos que la cifra de US$ 1.500 millones de gasto que plantea el Consejo corresponde exactamente a la diferencia entre el balance estructural proyectado y la meta para el año. Esa es una cifra con la que también coincidimos (...). Nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes que se requieran, una vez que la magnitud de las brechas estén más actualizadas en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre”, dijo el ministro.
“No echarle la culpa a nadie”
Interrogado por senadores de oposición como Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Kast (Evópoli) y Ximena Rincón (Demócratas), el titular de Hacienda recalcó que las desviaciones de las metas presupuestarias son “importantes”, que “no se tienen que minimizar”, que no le está “echando la culpa a nadie” en su explicación y que no derivan de catástrofes ni situaciones extraordinarias como en años anteriores, sino que de un comportamiento volátil de dos componentes relevantes para definir los ingresos: el precio del litio y la tributación por impuesto a la renta y otras medidas impositivas.
De hecho, planteó que el informe que está trabajando una misión especial del Fondo Monetario Internacional (FMI) -y que se presentará este mes- se enfocará principalmente en explicar y entregar recomendaciones para mejorar las proyecciones de ingresos en dichas partidas.
Así, apuntó a que en 2022 y 2023 los ingresos por rentas del litio totalizaron cerca de los US$ 5.800 millones, muy por encima de las proyecciones con que se diseñó el Presupuesto que estaban por debajo de los US$ 1.000 millones, pero que el escenario fue el inverso en 2024.
La visión del Consejo Fiscal
En su exposición, el presidente del CFA, Jorge Rodríguez Cabello, reiteró los mensajes transmitidos en el informe del pasado 20 de febrero, señalando que el recorte que sugiere el Consejo por US$ 1.500 millones debe considerar dos factores.
El primero es que no recaiga sobre el gasto de capital, ya que tiene incidencia sobre la actividad económica y aquello puede lesionar la recaudación impositiva; y segundo, que se apalanque a ganancias de eficiencia “permanentes” en el sector público.
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