La desigualdad que evidenció la última Encuesta Casen inquieta a la socióloga e investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Mónica Gerber. No sólo por el golpe que dio la crisis sanitaria y económica al índice de pobreza -con 2,1 millones de personas en esta situación, de los cuales casi el 40% está en condición extrema-, sino que porque a su juicio devela una falta de capacidad del Estado para disminuirla.
“La Casen muestra que la pandemia pegó fuerte en la pobreza y la desigualdad: eso es claro. Lo que es discutible es si efectivamente el Gobierno logró amortiguar de manera importante el efecto de la pandemia o no”, dice.
Con la precisión de que al análisis es desde la perspectiva de la desigualdad, la académica sostiene que si bien “claramente los bonos ayudaron, no pareciera ser que ayudaron más que otros años”.
Explica que el ingreso monetario (que incluye los del trabajo y los aportes estatales) ayudó a redistribuir en la misma proporción en que lo ha hecho en años anteriores. Esto es preocupante, porque en las condiciones de 2020 era esperable que las transferencias estatales hubiesen ayudado a disminuir “más esa desigualdad, porque se supone que se entregan bonos adicionales”.
Pero eso no ocurrió -según sus cálculos-, por lo que “no me convence la idea de que los bonos fueron tanto mejores que en otros años como para haber compensado una situación más compleja que en otros años”.
- Tomando en cuenta cuánto realmente el Estado está haciendo para disminuir la desigualdad ¿Cuál fue el problema: el monto, la focalización, el Registro Social de Hogares que se usó para focalizar?
- Me parece importante destacar que el principal ingreso de los chilenos y las chilenas viene del trabajo y no de los bonos o de las transferencias estatales, por lo que en condiciones de inestabilidad en el mercado del trabajo las consecuencias para las personas pueden ser muy complejas.
Pensando no solo a raíz de la pandemia, sino que también en lo que se viene con la automatización -sabemos que en los próximos 10 a 20 años se van a perder muchos puestos de trabajo y si esos son el principal ingreso de las personas-, hay que intervenir en forma distinta y no solamente a través de bonos.
- ¿Cómo hacerlo?
- Creo que es el momento perfecto para pensar y trabajar la idea de un Ingreso Básico Universal (IBU). No tiene que ser un ingreso tan alto, la idea es que permita generar estabilidad (…) esos bonos que se entregan no logran generar estabilidad, porque son distintos en cada momento, a veces la persona cumple o no los requisitos. La gracia del IBU es que permite asegurar estabilidad independiente de la pérdida de fuentes de trabajo o de la disminución de horario de trabajo, que es lo que está pasando en la pandemia.
Esto debiera ir de la mano de una modificación de los impuestos, en el sentido de aumentarlos a la clase más alta como para poder financiar algo así. Después recibirían algo de vuelta en el IBU, pero en términos generales permite redistribuir. La evidencia internacional lo confirma: ha permitido mejorar las condiciones de desigualdades.
Un Estado paternalista
La doctora en Métodos de Investigación Social de la London School of Economics and Political Science de Reino Unido está consciente de que si bien hay evidencia internacional de casos particulares (menciona Alaska, Canadá y Brasil) que respaldan la propuesta de un IBU, realmente no se sabe si funcionará en Chile de igual manera. Entonces, refuerza que es un “ideal” pero que lo importante es avanzar en una protección básica para todas las personas que no sea dependiente del trabajo en exclusivo:
“En general, soy contraria a la idea de los bonos, son formas muy paternalistas de cómo ayudar de manera muy puntal, pero no soluciona un problema que es mucho más estructural”.
- ¿Un IBU no tiene una visión paternalista también?
- Una buena pregunta, son posiciones casi filosóficas… El IBU lo concibo como un derecho de una ciudadana o ciudadano versus la billetera del papá que decide cuándo me quiere dar plata o no. Ahí esta el tema de priorizar una noción de derecho de las personas con respecto a su vínculo con el Estado.
- ¿Le preocupa que en septiembre se acabe el IFE?
- Sí, claramente, porque no sé que tan rápida va a ser la reactivación económica y eso puede significar un período de tiempo donde haya poco apoyo para las familias.
Lo importante es que la disminución de esas ayudas -idealmente que no se haga- sea paulatina para evitar estos puntos intermedios en donde mucha gente no tenga trabajo y, además, deje de recibir bonos.
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