En las últimas décadas, Chile ha destacado entre los países de la región por una alta clasificación crediticia -una especie de nota 7 en lenguaje escolar-, respaldada principalmente por un factor: la solidez fiscal del país.
Un logro que se consolidó en gran parte gracias a la política de balance fiscal estructural -que se institucionalizó como Ley en el año 2006-, sinónimo de un alumno disciplinado, que no gasta más de lo que tiene y que guarda en tiempos de bonanza para asegurar recursos en momentos de "vacas flacas".
Pero el camino no ha sido fácil, menos desde el año pasado cuando la desaceleración de la actividad y el mayor deterioro del escenario internacional derivó en que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reemplazara la meta de balance estructural prevista para fines de 2018 por una reducción anual de 25 puntos.
Banco Santander plantea que cambiar la regla en el corto plazo puede tener efectos negativos en la solidez fiscal. En su documento "Entre la discrecionalidad y la regla fiscal: una meta demasiado flexible", postula que lo normal debería ser que la meta establecida no cambiara en todo el período de la administración correspondiente.
En opinión del economista jefe de la entidad, Pablo Correa, estas "grietas" de la política fiscal quedan en evidencia en la parte baja de los ciclos, "y es cuando se debería tomar medidas para solucionarlas".
De acuerdo al banco, la situación fiscal chilena muestra un deterioro sustancial desde 2011 de la mano de menos crecimiento de la economía. Para este año, la entidad proyecta un déficit efectivo de 4,3%. Esto sería acompañado por una expansión real del gasto público de 6,5% en 2016.
Y sus proyecciones empeoran en un escenario tensionado -con un PIB de apenas 0,7%-, en el cual el déficit efectivo aumenta a 5,5% y el gasto se incrementa en 8,1%.
El escenario base de Santander difiere del que se encuentra en la Ley de Presupuesto 2016, que prevé un desbalance de 3,2% a raíz de diferencias en los supuestos macroeconómicos utilizados por Hacienda: una expansión del PIB de 2,75%, un cobre promedio de US$ 2,5 la libra, principalmente.
Considerando la mayor estrechez fiscal, el gobierno ya ha manifestado su intención de subejecutar el gasto este año para contener el déficit. Para Correa, esta señal es "muy importante", ya que podría llevar a un nuevo ajuste de la regla fiscal, tomando en cuenta que "todavía no existe en la institucionalidad chilena un castigo por desviarse de la trayectoria de déficit estructural anunciada en concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal". Una vulnerabilidad que Santander propone mejorar a través de cinco medidas (ver nota relacionada).
"Más allá del ministro de turno, el punto es que la institucionalidad de la regla está coja, hay que hacer un mea culpa, tener un poco de humildad y reconocer que la política fiscal es buena, pero todavía puede perfeccionarse de manera importante", recalca Correa.
Lo anterior también ayudará a conservar la actual calificación crediticia (AA-) que tiene el país, ya que la acumulación excesiva de desbalances puede resultar en una revisión de la clasificación.
Para Correa, el riesgo de rebaja en la nota no parece inminente en Chile, no así un cambio en las perspectivas lo que sí ve altamente probable que ocurra durante este año si no se realizan cambios. "No nos vamos a convertir en Venezuela, pero podríamos perder la sólida clasificación actual, que nos costó más de 25 años obtener"advierte.
La receta del banco para mejorar la regla fiscal
Cautelar la correcta aplicación de la política de balance estructural es motivo de preocupación para Santander, razón por la que elaboró una serie de propuestas. También inquietan los estímulos fiscales promovidos por el gobierno, ya que "finalmente las medidas contracícilicas se terminan transformando en aumentos permanentes".
El banco aspira a que los planes de estímulo fiscal contengan en su propuesta la trayectoria esperada del gasto, determinando previamente el período y la forma en que se espera retirar ese impulso, "evitando así la inconsistencia intertemporal de las decisiones presupuestarias", puntualiza.
La primera sugerencia para perfeccionar la política de balance estructural es transparentar el cálculo de las elasticidades utilizadas, específicamente hacer pública la metodología de cálculo de los ingresos estructurales. La segunda es utilizar los márgenes de producción de la minería del cobre, para capturar adecuadamente la contribución de esta industria a los ingresos fiscales y no quedarse sólo en el precio del metal.
Como tercera medida, Santander propone "avanzar hacia una política fiscal que permita desviaciones temporales del balance, pero con una debida justificación, y que defina la duración de ese alejamiento y sugiera un plan para volver al balance". La idea, explica la entidad, es establecer por ley el procedimiento, para que la no convergencia "tenga costos para la administración de turno".
El departamento de estudios propone, además, asegurar -eventualmente por ley- la independencia del Consejo Fiscal Asesor y de los comités técnicos que asesoran a Hacienda, y estimar la posición fiscal de largo plazo, en un horizonte de 50 años, para, por ejemplo, mantener niveles de deuda sostenibles.
"Si no hacemos nada hay dos consecuencias: tendremos un déficit efectivo importante para este año e hipotecaremos el crecimiento del gasto para 2017 y 2018", dice Correa.
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