José Carlos Prado
La molestia de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, frente a la denuncia televisiva que reveló que un supermercado mantenía encerrado a sus empleados, aceleró una decisión que ya se venía analizando hace un tiempo y que había adelantado DF.
Ayer, la secretaria de Estado recibió un estudio de la Dirección del Trabajo, sobre el funcionamiento del sistema de multas que se aplican a empresarios que infringen la ley laboral, documento que servirá de base para enviar al Congreso una modificación legal que eleve de manera importante el monto que pagan las empresas cuando son sancionadas.
De hecho, destacó que la intención es llevar el máximo de 60 UTM ($ 2.600.000) actual, a una cifra que será mucho más que sólo duplicarla. Y es que según Matthei, la denuncia “es de lo más grave que me ha tocado ver. Con razón muchos trabajadores odian a los empleadores. Esto no puede ser. Aquí ha fallado todo”.
Pero las palabras de la ministra apuntaron directamente a los dirigentes gremiales, a quienes emplazó a escuchar “su voz condenando esto”, recalcando que “no pueden quedarse callados frente a este tipo de hechos”. Si bien reveló que ya se había comunicado con uno de los dirigentes empresariales, no quiso señalar su nombre, aunque descartó que fuera con el titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Para la secretaria de Estado, la situación de los trabajadores del supermercado Santa Isabel se produjo por un error de todos los actores involucrados y, por ello, adelantó que tendrá un conjunto de reuniones bilaterales para abordar esta materia.
En ese ánimo, dijo que tendrá encuentros con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la CPC, además de las mutuales. Durante la tarde, ya se reunió representantes de los sindicatos de Cencosud, liderados por el dirigente Isidro González.
Entorpece el diálogo
Las repercusiones de la denuncia no sólo implicará un endurecimiento de la legislación, sino que también en la posibilidad de avanzar en reformas más de fondo, como la flexibilidad de jornada y horarios.
“Cuando empresarios me vienen a pedir que, por favor, haga un esfuerzo por modificar la ley laboral para que haya mayor adaptabilidad, una piensa ¿cómo va a ser posible el diálogo entre trabajadores y empresarios si pasan estas cosas?. Aquí hay desconfianzas brutales”.
Y fue más allá: “Cómo me piden que arme diálogos, cuando están pasando este tipo de cosas en el año 2011”, sentenció.
Matthei recordó que desde que llegó a hacerse cargo de la cartera, indicó que “era muy difícil” avanzar en temas, por ejemplo, como adaptabilidad laboral, “cuando hay una desconfianza tan brutal entre trabajadores y empresarios”.
Por eso, continuó, “en la primera entrevista que di, dije que iba a hacer un énfasis muy grande en la fiscalización, porque mientras no se cumplan las leyes laborales, (...) no hay posibilidad de un diálogo, eso es obvio”.
Mano dura
“Desde que llegué tenía la impresión que las multas eran irrisorias”, reconoció Matthei. Ante esto, comenzó un completo análisis de las faltas a la legislación y la cuantía de las multas que pagaban las empresas infractoras. “Aquí se vienen sanciones mucho mayores de las que hay actualmente y voy a pedir facultades mucho más grandes para la Dirección del Trabajo”, sentenció.
Además del aumento de multas, también se podrían considerar cierres de locales, suspensión y clausuras. Esto, significará todo una reingienería del ente fiscalizador. Sin ir más lejos, ya se aumentó el número de fiscalizadores en terreno, pasando de 385 a 454. Aún así, también hizo una autocrítica del rol de la DT en este caso.
No obstante, agregó que no se puede seguir pensando que la DT tiene que fiscalizar cada una de las empresas, porque no es posible. “Acá, las empresas se tienen que empezar a acostumbrar a hacer bien las cosas”, y no sólo eso, sino que “a una actitud de exigencia con las empresas como hasta ahora no la han tenido”.
Reacción empresarial
La esperada reacción de la CPC vino de parte de su presidente, Lorenzo Constans, quien se refirió sólo a la denuncia de los trabajadores encerrados. “Como en todos estos casos, hay que siempre oir a ambas partes. Si efectivamente se hubiera incurrido en malas prácticas, condenaríamos estos hechos”, dijo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Jorquiera, agregó que “hay que tener mucho cuidado con las multas, si se suben generalizadamente y afectan a empresas de mayor o menor patrimonio, el chico no tiene cómo defenderse y está perdido”.
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