Apenas la Asamblea Constituyente concluyó su labor y presentó al presidente Gabriel Boric el borrador de la nueva Carta Magna el lunes, una serie de autoridades y referentes de la política local comenzaron a revelar sus posiciones sobre cómo piensan votar en el plebiscito de salida, el 4 de septiembre.
Pero no sólo protagonistas del acontecer nacional están tomando postura. También lo hizo este miércoles The Economist, la influyente publicación británica, que se alineó con los detractores de la propuesta.
En un editorial titulado “Los votantes deberían rechazar el nuevo proyecto de constitución en Chile”, el semanario, considerado mayormente como liberal, apuntó sus dardos contra el proyecto, que calificó como “radical y un desastre de irresponsabilidad fiscal”.
Aunque reconoce que en el borrador final se evitaron algunas de los peores ideas planteadas en la asamblea y que incluye algunos avances positivos, destaca que el resultado final es “un lío, lleno de lenguaje confuso que garantiza décadas de disputas sobre lo que realmente significa”.
En ese sentido, la publicación inglesa se muestra asombrada de que se le asignen derechos constitucionales a la “naturaleza” y hace un recuento de 39 menciones a la palabra “género” en el texto. Las sentencias judiciales, ejemplifica, y el sistema nacional de salud, tendrían que operar con una perspectiva de género, que no está definida.
Impacto económico
Desde el punto de vista económico, señala que el borrador es menos favorable para el crecimiento del PIB y para las empresas. Respecto de los sindicatos recalca que les permite declararse en huelga por cualquier motivo, no solo relacionado con el trabajo y consagra un derecho al trabajo, lo que podría hacer “muy difícil despedir a alguien”.
Sobre las expropiaciones, un tema que ha estado en el centro de las polémicas durante la redacción, recalca que “la compensación por la tierra expropiada no sería a un precio de mercado sino al que el Congreso considere justo”.
Más allá del impacto sobre el crecimiento, The Economist muestra su preocupación sobre el efecto en el presupuesto fiscal. “El borrador crea una cartera de derechos socioeconómicos que podría hacer estallar el presupuesto. Requiere el establecimiento de varios organismos nuevos, como un servicio nacional de salud y un sistema de atención desde la cuna hasta la tumba, sin pensar mucho en cómo serán financiados”.
El estado supervisará la provisión de vivienda, a la que toda persona tiene derecho. La especulación inmobiliaria quedaría prohibida, al igual que la educación con fines de lucro.
Riesgo autoritario
Ya en el ámbito del funcionamiento de las instituciones, el semanario alerta que su eventual aprobación diluye los mecanismos de controles y equilibrios legales entre los distintos poderes del Estado. Así, un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales, una atribución que ahora recae sobre la Corte Suprema, el Presidente, la Corte de Apelaciones y el Senado. El borrador, además “da un vuelco al proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos”.
Rechazar para reformar
La publicación admite que la actual constitución no es perfecta y recuerda que ha sido enmendada casi 60 veces. Pero en comparación con su eventual reemplazo, dice, “es un modelo de claridad”. Más importante aún, subraya que fue durante la vigencia de la actual Carta Magna que Chile se convirtió en uno de los países más desarrollados de región, y el PIB per cápita se triplicó desde los ‘90.
“En lugar de desechar la antigua constitución, los chilenos deberían desechar la nueva (…) Entonces se mantendría la constitución actual, y el Congreso podría revisarla de forma gradual, por ejemplo, para facilitar la construcción de un Estado de bienestar fuerte”.
Este camino, admite, puede parecer menos glamoroso para las multitudes que se volcaron a las calles durante el estallido social de 2019, pero, a la larga, es mucho más probable que haga de Chile un país próspero y sobre todo gobernable.
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