A la justicia podría llegar la Fiscalía Metropolitana Sur, después de que hace unos días el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) le negara el acceso a la carpeta reservada del caso colusión.
La solicitud había sido hecha por el fiscal Cristian Galdames y el tribunal especializado señaló que "los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica a este proceso -cuyo envío solicita la Fiscalía Local de Puente Alto- fueron decretados confidenciales, atendido que su divulgación puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de sus titulares".
En ese sentido, el TDLC sólo entregó copia de las versiones públicas de la investigación.
Consultado por periodistas, el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, comentó que "hemos tenido una reunión con la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional para efectos de analizar el contenido que hasta ahora tenemos de la investigación y también respecto a lo que se consulta, estamos analizando los pasos a seguir".
"Hay que tener presente que para efectos de recurrir ante otras instancias respecto de la resolución, debemos reunir los antecedentes y no tenemos plazo determinado", agregó, al momento de explicar que se analizará la fundamentación entregada por el TDLC.
Del mismo modo, enfatizó que "la Fiscalía tiene otros mecanismos de investigación y de cómo recabar antecedentes. Sin duda facilitaría bastante contar con dichos antecedentes (negados por el TDLC), sin embargo hasta la fecha estamos realizando diligencias, todas las cuales han sido dispuestas por el Fiscal que está a cargo de la investigación".
Uno de los temas que aún se está definiendo es respecto a la competencia de la Fiscalía, por el año en que se cometieron los delitos. En ese sentido, se deberá determinará si se envía parte o toda la investigación a la justicia antigua.
De todos modos, mientras tanto seguirá avanzando en sus diligencias, principalmente recabando antecedentes.
Comisión DESPACHA PROYECTO
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que establece cárcel y aumenta las sanciones por casos de colusión, proyecto que contempla penas de entre 5 y 10 años de cárcel, y multas consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente.
Como adelantó Diario Financiero, la comisión aprobó replicar los criterios de la Ley Emilia, asegurando al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.
"Una cosa importante es que para fortalecer el mecanismo de la delación compensada, los ejecutivos de la segunda empresa no van a contar con ningún tipo de exención de la pena de cárcel, nos parece que ese es un incentivo muy fuerte", agregó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
colusión
