Una férrea defensa de la confidencialidad de los datos obtenidos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco de la investigación por colusión en el mercado papelera entre CMPC y la sueca SCA, marcó ayer los alegatos ante el Tribunal Constitucional.
La causa, que enfrenta también al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)con el Ministerio Público, estuvo teñida por los cuestionamientos que realizó la autoridad de libre competencia a la capacidad del persecutor penal para mantener la reserva de los datos obtenidos en la investigación, los que fueron definidos como de "alta sensibilidad".
El titular de la Fiscalía Nacional Económica, Felipe Irarrázabal, sostuvo que lo que buscaba el Ministerio Público era "perforar" el secreto de los antecedentes obtenidos durante la investigación, lo que ponía en peligro el trabajo realizado.
"El tribunal (TDLC) no se ha negado a entregar la información. Los documentos serán públicos, porque el Ministerio Público no puede asegurar la reserva de ellos por más de 40 días", dijo Irarrázabal.
La contienda de competencia entre el TDLC y el Ministerio Público nace luego de que el Fiscal a cargo de la investigación -no formalizada aún- en la arista penal, Cristián Galdámes, solicitara la entrega de los expedientes confidenciales del caso, lo que fue negado por el TDLC. Luego, el recurso se llevó hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, para terminar siendo visto por el Tribunal Constitucional (TC).
Ayer, el TC aceptó el recurso de admisibilidad interpuesto por el TDLC, por lo que ahora resolverá el fondo del caso: si el Ministerio Público puede acceder a los antecedentes secretos de la investigación o estos deberán ser resguardados.
El TC citará a una nueva audiencia para escuchar a las partes, y se espera resuelva el tema en unos 40 días.
Los alegatos
El primero en alegar fue el ministro del TDLC, Javier Tapia, quien defendió la resoluciíon del organismo señalando que había una "colisión entre los intereses de la FNE y del Ministerio Público", y que el organismo estaba obligado a resguardar los antecedentes de la investigación.
"Acá lo que está en juego es el equilibrio entre la Libre Competencia y la persecución penal (...) Están destruyendo la institucionalidad que se ha construido", dijo.
Raúl Guzmán, Fiscal Regional Metropolitano Sur, sostuvo que no era del interés del organismo perseguir a las empresas involucradas en caso de colusión. "No se están persiguiendo hasta la fecha delitos de empresas, sino las responsabilidades personales", dijo.
Guzmán descartó las críticas, señalando que el Ministerio Público contaba con herramientas para asegurar la confidencialidad de los datos.
El titular de la FNE señaló que esto atentaba contra la institucionalidad de libre competencia y ponía en peligro la efectividad de la delación compensada como herramienta para desbaratar carteles.
"Sería un menoscabo (para la institucionalidad). Los secretos se van a ventilar sin el resguardo con que fueron entregados. Esta es información de mercado sensible para las empresas", dijo.
En la misma línea, el abogado de SCA, Rodrigo Díaz de Valdés, sostuvo que la firma había colaborado con la investigación realizada por la FNE -a través del mecanismo de la delación compensada- y que el conocimiento público de los datos podría terminar afectando la posición comercial de la firma y sacarla del mercado.
"La confidencialidad de la información proporcionada es clave para el procedimiento y existe el derecho a reserva. La conducta del Ministerio Público es grave, y optó por un camino ilegal para requerir la información", dijo.
CMPC y SCA contestan requerimiento
Tras varias semanas de espera, ayer las firmas involucradas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el caso de colusión en el mercado del tissue, CMPC y SCA (ex PiSA) presentaron sus contestaciones al requerimiento. En un escueto documento, firmado por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, CMPC sostuvo que solo habia demorado "unos minutos" en comunicar a la FNE su participación en las conductas colusorias, luego que estas fueran conocidas por el directorio. Por su parte, SCA presentó un recurso ante el TDLC (excepción dilatoria) para que la Fiscalía entregara mayor información sobre su participación en el acuerdo colusorio entre 2000 y 2006, cuestión que no reconoce.
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