Su blog personal fue el medio elegido por el ex Presidente Ricardo Lagos para defender la eliminación de la pena de cárcel para los delitos de colusión, cuestión que ha sido criticada por diversos actores en los últimos días a propósito de cartel de las papeleras, que involucra a CMPC, firma ligada al grupo Matte, y la sueca SCA.
El ex mandatario señaló que, en su momento, el tema tuvo un amplio acuerdo en el parlamento. "Durante la tramitación del proyecto de ley, hubo consenso por parte de todos los sectores políticos en eliminar la penalidad de la práctica de colusión (...) se consideró unánimemente que la pena de cárcel no era pertinente para este tipo de delitos, porque establece exigencias condenatorias incompatibles y mucho más complejas, que las necesarias para determinar una colusión", señaló Lagos.
El tema ha sido criticado, a la luz de los resultados de los juicios contra los ejecutivos involucrados en el caso farmacias, los que fueron exonerados, y la propuesta del gobierno, que en la ley de libre competencia que se tramita en el parlamento repone la sanción de cárcel.
Lagos enumeró también las mejoras que bajo su administración se hicieron al sistema de libre competencia, con el fortalecimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), así como el incremento de las multas máximas, que se elevaron hasta las 20 mil UTA, unos US$ 17 millones actuales (aunque en 2009 se volvieron a incrementar, esta vez hasta las 30 mil UTA, unos US$ 23 millones).
"Las transformaciones legales que se establecieron con la ley N° 19.911 permitieron que casos emblemáticos de colusión como el de las farmacias en 2008, el de la producción de pollos en 2011, o el reciente cartel del papel sean conocidos por la Fiscalía Nacional Económica y juzgados por el TDLC. En ambos casos, la Fiscalía Nacional Económica fiscalizó y denunció la colusión al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que impuso, en la mayoría de los casos, el máximo de las multas", señaló.
Mayores multas
El ex mandatario señaló que, por ejemplo, en el caso de las farmacias el TDLC impuso multas de 20 mil UTA a las empresas, pero luego el Ministerio Público no logró acreditar los delitos, dejando a los ejecutivos sin sanción.
"Las mismas pruebas que eran concluyentes para el TDLC no lo fueron para demostrar las responsabilidades individuales en el caso penal", señaló.
En este sentido, señaló que se puede discutir sobre la pertinencia de reponer la pena de cárcel, pero que es imperativo "repensar las multas", incrementándolas, y también extendiéndolas a ejecutivos.
"Para lograr un efecto realmente disuasivo, las multas deberían estar en función de la ganancia obtenida en la colusión, multando al cartel económico por el doble de las ganancias y, si la empresa no está en condiciones, obligar a sus directores a pagar con su patrimonio. La sanción final podría llegar incluso a que la multa sea el equivalente a lo que declara como utilidad, lo que significaría su disolución, sin poder seguir operando", señaló.
Hoy el proyecto de ley que se discute en el parlamento establece que la multa máxima para las empresas podría llegar hasta el 30% de las ventas, aunque hay posturas que apuntan a rebajar este límite.
Por último, el ex mandatario pidió reivindicar "los logros que se alcanzaron con la modificación de la ley de colusión y perfeccionar aún más el sistema de prevención de control de precios, la fiscalización y las sanciones disuasivas, siempre en beneficio de la sociedad y en la perfección de un sistema económico ético".
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