"En un proceso de consolidación institucional". En ese nivel dice estar la organización que dirige el superintendente del Medio Ambiente, Cristian Franz, a casi tres años de haber iniciado su funcionamiento.
Un hecho notorio en que se ha traducido esto es en el aumento del nivel de multas que ha cursado el organismo, que entre 2013 y octubre de este año lleva cerca de US$ 53 millones en infracciones.
De hecho, entre enero de 2014 y lo que va de 2015, las multas se han quintuplicado, lo que refleja el hecho que la capacidad operativa de la SMA se ha multiplicado por tres.
Franz dice que esta consolidación, de todos modos, no es sólo por el despliegue territorial, sino también por el diseño e implementación de una orgánica interna.
"Estamos avanzando de manera significativa en este proceso. Hablamos de una institución que pasa en tres o cuatro años de tener dos oficinas regionales a tener 15; de 100 funcionarios a alrededor de 300 y de pasar de una gestión incipiente a un modelo de gestión moderno", detalla el superintendente.
De las multas cursadas, este año ya van más de US$ 34 millones en 28 sanciones, de los cuales sólo cuatro están a firme.
En ese sentido, como preveía la nueva institucionalidad ambiental, los reclamos ante la justicia han sido un tema y están trabajando internamente para abordarlo, en especial después de algunos fallos contrarios que recibieron. El más emblemático fue el del proyecto minero Pascua-Lama, que se tradujo en que ahora se esté rehaciendo la sanción.
"Apenas llegué, mi primer foco de atención estuvo puesto en determinar y corregir las causas de los constantes reveses judiciales que estaban sufriendo las decisiones de la SMA. Una institución fiscalizadora como la nuestra -sujeta al control jurisdiccional de los Tribunales Ambientales- concentra una parte importante de su poder disuasivo en la capacidad de tomar decisiones técnica y jurídicamente impecables que podamos ir a defender con confianza ante cualquier Tribunal de la República", dice Franz.
Luego agrega que lograron revertir la tendencia inicial y están ganando en Tribunales (ambientales y Corte Suprema) la gran mayoría de los casos donde los regulados han recurrido.
"Tengo la impresión de que vamos por el camino correcto, estamos llevando adelante un proceso de instalación de un modelo nuevo de fiscalización mucho más exigente, de mayor profundidad y calidad y más severo desde el punto de vista sancionatorio. La evolución de los montos de las multas que hemos aplicado en estos años evidencia lo anterior".
Sectores y multas
El sector con mayor nivel de multas, que a la vez es el que tiene más fiscalizaciones, es minería, lo que es concordante con el peso en la economía. Entre 2013 y 2015, se han aplicado multas por casi 50.000 UTA, unos US$ 38 millones al tipo de cambio de octubre.
Le sigue energía, con casi 9.000 UTA; infraestructura de transporte, con 2.613 UTA, y puertos, con 1.583 UTA.
Por eso, no es casualidad que entre las cinco multas más grandes que se han cursado, cuatro son a mineras.
"Dado el proceso de crecimiento de la SMA, su despliegue territorial y su mayor eficacia sancionatoria, los números de las multas deberían crecer en los años que vienen, no necesariamente sus montos. La razón es simple: el proceso de desenvolvimiento institucional de la SMA es más rápido que el proceso de adaptación de los regulados. Ellos arrastran un pasivo de décadas de acostumbramiento a un régimen blando de fiscalización", explica Franz.
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