Pasadas las 9:00 horas de este viernes, el Presidente José Antonio Kast subió al escenario del encuentro Impulsa, celebrado en Concepción, con una definición que la industria y las autoridades de la Región del Biobío esperaban desde hacía semanas: qué ocurriría finalmente con los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano.
Pero la respuesta no llegó, al menos no de manera explícita.
Kast dedicó pocos minutos al tema y sus palabras dejaron abierta la interpretación respecto del mecanismo mediante el cual se ejecutarían las obras. “Nosotros lo que hemos dicho es que los corredores se van a mantener, pero de una manera distinta”, señaló.
Luego agregó otra señal, aunque sin despejar la principal interrogante: “Nosotros no vamos a dejar de invertir. Vamos a hacer las obras, pero de una manera distinta. Vamos a cuidar bien los recursos y vamos a darles una buena solución a las personas”.
Recién cerca de las 15:00 horas llegó la confirmación. “La decisión ya está tomada. Vamos a avanzar como obra pública porque eso reduce el nivel de gasto sin bajar el estándar de servicio”, afirmó el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange.
De esta forma, ambos corredores dejarán atrás el mecanismo de concesiones y serán ejecutados bajo el modelo de obra pública gestionado por la Dirección de Vialidad.
La última propuesta de la Azvi
La definición tiene un antecedente hasta ahora desconocido. El lunes 17 de agosto, cuatro días antes del anuncio, el grupo español Azvi había enviado al MOP y a la Dirección General de Concesiones una propuesta con la que buscaba evitar precisamente ese desenlace: mantener las concesiones y realizar ajustes que, según la compañía, podían reducir sus términos económicos en torno a 20%.
Gonzalo Curbelo, director general de Azvi Chile, envió la misiva titulada “Propuesta para la continuidad y optimización” de ambos corredores. En ella, la compañía reconoció las restricciones presupuestarias que enfrentaba el Estado y propuso revisar el alcance de los proyectos para disminuir su costo sin abandonar el sistema de concesiones.
El ejecutivo sostuvo que las bases de licitación y la Ley de Concesiones permitían introducir modificaciones al alcance de las obras. Su propuesta contemplaba estudiar partidas, soluciones y obras complementarias que pudieran modificarse, reducirse o eventualmente eliminarse, siempre que ello no afectara la funcionalidad, seguridad ni los niveles de servicio.
También identificó posibles sinergias entre ambos contratos en ámbitos como personal especializado, maquinaria, sistemas, supervisión, SCADA, conservación y gestión de emergencias.
Según la empresa, dentro del marco contractual existía espacio para realizar ajustes económicos “en un rango del orden del 20%”. La cifra, sin embargo, no constituía una rebaja cerrada: Azvi señaló que su cuantificación definitiva debía surgir de la ingeniería, la evaluación económica y la revisión del MOP.
El Gobierno llegó a una conclusión distinta. De Grange sostuvo este viernes que el paso a obra pública permitirá una reducción superior al 20% en los costos de inversión y, al mismo tiempo, mantener el estándar de servicio de los corredores.
El cambio también tendrá consecuencias en el calendario. Según explicó el biministro, las ingenierías comenzarán en 2027, tal como estaba previsto, pero el modelo de inversión pública obliga a realizar de manera secuencial etapas que bajo concesiones podían desarrollarse en paralelo.
El resultado, aseguró, será una extensión de dos meses para la Ruta 160 y de 11 meses para la Ruta 150 respecto del cronograma del modelo concesionado.
La apuesta de Vialidad
El ahorro no fue el único argumento esgrimido por el Ejecutivo para justificar el cambio. De Grange sostuvo que ejecutar los corredores mediante la Dirección de Vialidad entregará mayor flexibilidad para intervenir primero aquellos puntos de la red que presentan los mayores problemas.
“Pasar del mecanismo de concesiones al modelo de obra pública gestionado por la Dirección de Vialidad permite priorizar en forma más efectiva aquellos nudos críticos, aquellos pasos de desnivel, por ejemplo, aquellas intersecciones que son más complicadas, que tienen más congestión”, explicó.
La definición de cuáles serán las primeras intervenciones todavía no está cerrada. Según el biministro, esa priorización se trabajará junto al gobernador regional, los alcaldes y sus equipos técnicos, además de los profesionales del MOP, para dar preferencia a esos puntos tanto en los estudios de ingeniería como en el inicio de las obras.
La apuesta del Gobierno es que esta fórmula permita adelantar los beneficios de algunas intervenciones sin esperar la ejecución completa de los corredores. “Esos proyectos, esos dispositivos viales específicos, podemos adelantarlos en materia de intervención de infraestructura, adelantando con ello también los beneficios sociales asociados a este necesario proyecto”, sostuvo De Grange.
La oferta de Azvi, sin embargo, fue planteada directamente al biministro durante su conversación con la prensa. Consultado por el hecho de que el consorcio también había propuesto ajustes económicos del orden de 20%, De Grange descartó que aquello pudiera modificar el camino escogido.