Sigue avanzando el estudio del proyecto que busca exigir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a las iniciativas evaluadas o aprobadas con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental. Con tres votos a favor y dos en contra, ayer la comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general el articulado, logrando además la venia del gobierno en cuanto a corregir “inequidades ambientales” a pesar de dejar en claro sus cuestionamientos frente al texto.
Si bien el ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, advirtió que se podría generar incerteza jurídica y que la evaluación de todos los proyectos que debieron ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) antes de 1997 requeriría de un “importante desembolso de recursos” económicos, la autoridad sí planteó propuestas de mejora.
En esa línea, planteó introducir en la ley 19.300 (sobre bases generales del medio ambiente) un instrumento del tipo “programa de cumplimiento/adecuación” cuya finalidad sea el ajuste de las empresas a la nueva normativa, tal como se hizo en el proyecto de ley de glaciares.
Además, propuso crear un registro público de empresas que actualmente cuenten con RCA aprobada. Tras reconocer que no tienen un listado de los proyectos que no tienen este permiso ambiental y que tampoco sería fácil hacer este trabajo pese a ser necesario, Naranjo accedió a las peticiones de los propios parlamentarios quienes insistieron en el punto durante la cita.
“Entiendo la necesidad y nos vamos a hacer cargo”, dijo la autoridad, agregando que se contactará con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para ver cuánto tiempo podría tomar la ejecución de esta tarea.
Sin embargo, una propuesta que generó dudas fue la de promover el ingreso voluntario al SEIA. Según explicó Naranjo, estiman que sería oportuno “considerar algún tipo de incentivo para que más titulares de proyecto opten por el sometimiento facultativo”. Por ejemplo, beneficios económicos, un incentivo tributario para aquellas empresas que hagan inversiones relevantes, etc.
A esto sumó incorporar en este proyecto otras herramientas de gestión como el plan reparación SMA, ya existente en la legislación.
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