Casi un año y medio ha transcurrido desde que Codelco abrió la denominada “arista laboral” del caso seguros, al presentar una demanda por desafuero sindical contra una veintena de dirigentes pertenecientes a los sindicatos 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata.
Y, aunque el próximo martes se realizaría una audiencia de juicio para continuar con su revisión, el 17 de junio la parte demandada presentó un requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), apelando a las normas que regulan el desafuero.
La acción, que a los pocos días se acogió a tramitación y además dejó sin efecto la audiencia fijada, al declararse la suspensión del procedimiento de la causa, busca resguardar la autonomía de los sindicatos y que no se puede desaforar a un líder sindical por su labor como dirigente.
“La parte empleadora busca desaforar a nuestros representados por hechos que le imputa en su calidad de dirigentes sindicales, no por las labores ejercidas en función de las tareas pactadas en su contrato individual de trabajo”, se acusa en el documento. Y agrega que, luego, desde el punto de vista constitucional, “la demandante persigue la aplicación de los preceptos legales impugnados para intervenir en la organización sindical, infringiendo su adecuada autonomía, inmiscuyéndose en su gestión interna”.
Según explican abogados consultados, con un recurso de inaplicabilidad se pide que cierta norma no pueda ser aplicable a un caso puntual. De esta forma, si el Tribunal lo acoge y declara inconstitucional, esa norma no puede utilizarse para resolver el conflicto entre las partes. En otras palabras, la demanda podría terminar siendo improcedente.
La admisibilidad se debiera resolver rápido y, en caso de respaldar a los sindicatos, la causa continuaría probablemente suspendida mientras la conozca el Pleno del Tribunal. Esto, ya que dejar congelado el procedimiento es una forma de prevenir que el juicio pueda terminar antes.
Según los expertos, la estrategia de acudir al TC en casos de este tipo no es común, pero se fundaría por la situación puntual de la estatal. Por ejemplo, que desde que los dirigentes son elegidos y hasta seis meses después de terminar su mandato, dedican completamente su jornada laboral a las actividades sindicales. “Lo anterior se explica pues los dirigentes sindicales y, para estos efectos, los sindicatos, han sido históricamente depositarios de un cúmulo de funciones asociadas al bienestar de los trabajadores”, se señala en el escrito ante el TC. Codelco declinó referirse al tema.
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