Un claro rayado de cancha hizo ayer la Comisión Nacional de Energía (CNE) respecto al informe técnico final de valorización de las instalaciones de los sistemas de transmisión 2020-2023, documento clave en el proceso de tarificación de este segmento, en medio de las discrepancias que instalaron 23 firmas ante el Panel de Expertos.
En la tercera y última jornada de audiencias en la instancia que dirime conflictos del sector eléctrico, el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, tomó la palabra y defendió el trabajo de la entidad en el proceso que ha sido acusado de reducir los activos de este segmento en poco más de un 20% y de poner en riesgo la continuidad de las inversiones en el país.
A la luz de las intervenciones, Venegas reparó en lo que calificó como denostaciones a la CNE y su equipo por parte de las empresas.
La autoridad dijo que han realizado un trabajo intenso y que han estado siempre a disposición de las firmas para solucionar inquietudes, lo que se reflejó en los cambios que hubo entre el informe preliminar y el definitivo. Pero calificó como “inaceptables las críticas que se refieren o a la mala intención o algún sesgo intencionado o a propósito, y desde luego, mucho menos a la falta de preparación del equipo, que estamos seguros es excelente”.
En su intervención, aclaró de entrada uno de los puntos más cuestionados: “Esta valorización no tiene por qué ser igual a lo que supuestamente costó el proyecto. Suena bien decirlo, pero no es lo que pide la ley, ni lo que corresponde económicamente”, zanjó.
Según explicó, la ley exige que esas instalaciones vuelvan a dar hoy, y cada cuatro años, una prueba de valoración eficiente. Así, si mañana hay avances tecnológicos y de materiales que sugieren que exactamente la misma línea sí se puede hacer por la mitad de costo, la normativa “exige que reconozcamos esa mitad de costo, independientemente de lo que haya costado en su momento”.
Para Venegas, “no hay en ello un afán de desincentivo a la inversión”, como critican las empresas.
La autoridad detalló que las nuevas obras sí son tarificadas a 20 años mirando el valor adjudicado en licitaciones competitivas dirigidas por el Coordinador, pero advirtió que en este caso no se valorizan esas instalaciones antiguas o cuya valoración proviene de procesos privados llevados a cabo por el mismo propietario o empresas relacionadas.
También hubo espacio para reconocer responsabilidades, ya que destacó que la CNE consideró tanto el estudio del sistema zonal como el nacional, pero “cumplió con su deber al rectificar lo que correspondía ser rectificado”.
Relación con la rebaja legal
En esa línea, reivindicó sus facultades señalando que la potestad tarifaria es de la CNE y no de los consultores. “No es cierto que se desechó la totalidad de los estudios, sino que se tomó lo mejor de cada uno de ellos”, agregó, preguntándose por qué ninguna empresa pide en sus discrepancias que se aplique rigurosamente el criterio y los resultados del estudio nacional.
El directivo instó a reconocer con claridad que “una gran parte de la rebaja proviene de la rebaja legal de tasa de descuento”. Y lanzó: “Es inaceptable la acusación de que hay un afán indebido de la CNE por ajustar a la baja los valores”.
Venegas sostuvo que es legítimo que las empresas busquen con todas sus capacidades de gestión incrementar o mantener sus ingresos, pero es igualmente legítimo que la CNE vele porque se alcance un precio justo también pensando en que los US$ 720 millones de esta valoración irán a las tarifas de los clientes y familias.
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