“Por fin”. Esa fue la primera reacción de la presidenta de la comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste, al lograr ayer el despacho del proyecto que busca proteger los glaciares, tras un largo trámite en la instancia.
El debate estuvo en el único punto pendiente del articulado respecto al inventario de glaciares. Al respecto, el gobierno presentó en la mañana una indicación mientras algunos parlamentarios también prepararon su propio ajuste. Sin embargo, la redacción de la autoridad de un inventario público glaciológico convenció, por lo que se votó por unanimidad su contenido.
Considerando que hoy lo que existe en la Dirección General de Aguas es un inventario público de glaciares, se propuso con esta indicación que ese registro pase a ser más amplio para incorporar -bajo esta definición de “glaciológico”- los tres objetos de protección del proyecto: los glaciares (que ya están en el inventario), el ambiente periglaciar y el permafrost.
Asimismo, se aprobó que las normas y procedimientos para el catastro y clasificación del inventario público glaciológico, que incluye los tres sujetos de protección, así como relativo a su actualización, modificación y funcionamiento, será determinado por un reglamento que elaborará el Ministerio de Obras Públicas.
Eso sí, tras una solicitud de Provoste, se aprobó la nueva redacción, agregando que el reglamento debe ser dictado en un plazo no superior a los seis meses contados desde la fecha de publicación de la ley.
Según el informe financiero, para elaborar el nuevo inventario donde se requerirá al menos seis profesionales, más un monto de unos $ 102 millones para imágenes satelitales. Así, el articulado pasó a la comisión de Medio Ambiente y luego llegará a la de Hacienda.
“Se logró un muy buen acuerdo en general, con apoyo muy transversal y muy amplio. Aunque le queda tramitación, la versión que se ha aprobado en esta comisión logró equilibrar muy bien una protección muy robusta de los glaciares”, sostuvo el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.
Luego, la comisión continuó con la tramitación del proyecto que busca instaurar un royalty minero sobre las ventas de cobre. Jobet insistió que está fuera del orden institucional y que el precio del cobre hoy “es mal consejero para definir politicas tributarias que tienen efectos en plazos muy largos”.
Indicó que, si se sube la tasa a niveles “artificialmente altos”-como el proyecto aprobado en la Cámara- y las inversiones no se materializan en Chile, se tendrá una tasa muy alta de una industria que no crecerá.
“Es importante que esta discusión la tengamos a la luz de las cargas tributarias que tienen otros países”, señaló. “Tenemos que maximizar el aporte que hace la minería al país, ayudando a que sea más sustentable a largo plazo”, dijo.
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