Tras extender por 30 días el trabajo de la comisión especial investigadora sobre el mercado del gas, esta semana los diputados que integran la instancia están trabajando a contrarreloj para acordar un documento final.
La inquietud ha aumentado, ya que se han evidenciado complejidades en la discusión. El martes se presentó un documento base elaborado por la secretaría y se acordó que los diputados entregaran observaciones hasta el mediodía del miércoles.
Y si bien ya el martes se advertía la debilidad del escrito, este jueves algunos diputados sinceraron su disconformidad. Por esto, no quedó otro camino que dejar un espacio adicional de revisión, para intenter votarlo este viernes.
Entre las conclusiones que se consignan hasta el momento está que “el problema principal en el mercado del gas licuado de petróleo es la falta de competencia y que se requiere proponer de manera urgente medidas regulatorias”.
Se agrega que la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) le cabe un rol preponderante en esto, y que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) “debe abocarse con mayor acuciosidad a determinar los posibles incumplimientos de mantener cilindros ajenos sobre el 0,2%, lo que generaría un problema de competencia”.
A esto se suma una propuesta para promover la incorporación de los municipios como intermediarios en la distribución de este producto, dotándolos de la infraestructura pertinente.
Eventual colusión
Sin embargo, el punto que más diferencias ha mostrado es cuando se aborda si hubo o no un acto de colusión en este mercado.
Hasta el momento, el texto señala que: “Un posible pacto ilícito por parte de las empresas intermediarias en la distribución de este producto no ha quedado demostrado hasta ahora y por lo demás no es competencia directa de esta comisión”.
A raíz de esto -y otros puntos-, el diputado Raúl Soto dijo negarse “tajantemente” a que el informe se apruebe como está.
“Se señala que la comisión concluye que no hay antecedentes suficientes para una colusión y eso es exactamente lo contrario de lo que los parlamentarios mandatamos a redactar”, dijo.
Coincidió el diputado Juan Luis Castro, quien explicó que una cosa es lo que les ha informado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y otra la convicción que se hace la comisión: “No podemos estar únicamente supeditados a lo que nos digan los organismos técnicos”.
A pesar que faltan elementos probatorios, agregó, “debiese quedar establecido que nuestra convicción es que existen señales, pero que apuntan a una virtual colusión”.
Mientras, el diputado Juan Manuel Masferrer, sostuvo que no se estaba diciendo que no exista delito, pero sí que era imposible que la comisión pudiera demostrarlo.
Tras todo eso, el presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto, sugirió una nueva redacción donde se señale que “existen antecedentes para determinar una eventual colusión entre las tres principales empresas del mercado del gas”, exhortando además a la FNE a poner los antecedentes de manera inmediata al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Gasco expone su postura
Si bien se comunicó en mayo la creación de la comisión investigadora de la libre competencia en el mercado del gas residencial, el trabajo de la instancia se topó con el informe preliminar sobre este mercado que hizo público la FNE en octubre, el que dejó en la mira a las principales empresas. Una de ellas fue Gasco, que esta semana envió sus observaciones a la comisión respecto del mercado de gas residencial bajo la modalidad de GLP.
En un escrito, el gerente general de Gasco GLP, Marc Llambías, aseguró que tanto las intervenciones de la FNE en la comisión, como el informe preliminar del organismo, contienen un análisis y recomendaciones que son "inexactos y podrían terminar perjudicando a los consumidores".
Recalca que no les parece adecuada la recomendación de prohibir, por cualquier vía, la participación de los distribuidores mayoristas en el mercado de distribución minorista de GLP. Además, enfatiza que "la Fiscalía ignoró el por qué los distribuidores minoristas prefieren trabajar con un solo distribuidor mayorista". Y sentencian: "El modelo de negocios que la Fiscalía quiere imponer, obliga a los distribuidores minoristas a invertir en calidad de servicio y desarrollar marcas. No sería sorprendente que la consecuencia fuese la consolidación de la distribución minoristas en distribuidores que sean capaces de aportar el necesario capital e invertir en marcas, transformándose en la práctica en una medida anti pyme".
La firma adjuntó además un escrito encargado a Alexander Galetovic sobre el informe de la FNE.
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