Horas de tensión se vuelven a vivir en la industria minera de Perú. Si bien la noche de este lunes se dio inicio a un proceso de diálogo -que se tildó como “fructífero”- entre el gobierno de Pedro Castillo y el gremio de las empresas del sector, la diversidad de información y de posiciones en torno al fin de los permisos de operación de cuatro faenas causan preocupación e incertidumbre.
Castillo llegó al poder, hace cuatro meses, prometiendo elevar impuestos y regalías a la actividad, cuyas exportaciones representan el 60% del total del país. Casi de inmediato, una ola de protestas se desató en contra de los proyectos, entre otras cosas, por considerar que trasgreden las normas medioambientales.
En esa línea, el viernes la nueva primera ministra, Mirtha Vásquez, dijo que cuatro yacimientos en la región andina de Ayacucho deberán cerrar sus puertas. Dos -las productoras de plata Imaculada y Pallancanta de la Minera Ares- son operadas por Hochschild Mining, cuyas acciones en la Bolsa de Londres se desplomaron 27,7% el lunes y 4,51% ayer.
A ella se sumaron otros productores peruanos, como Southern Copper y Compañía de Minas Buenaventura SA, cuyos títulos también sufrieron.
Y es que, aunque el cierre de las obras podría apaciguar a los grupos opositores, los efectos en términos de producción de metales y, a su vez, laborales son parte de la discusión.
“El acto unilateral y arbitrario de renunciar a los permisos de operación ignora el estado de derecho al deshonrar los acuerdos contractuales y el derecho legal que tienen las empresas peruanas de extender licencias”, dijo a Reuters el analista de BTG Pactual, César Perez-Novoa. “Es una mala idea y una mala política”, recalcó.
Además, otros indican que también se afectan los ingresos gubernamentales, necesarios para que los programas sociales aborden las tan reclamadas desigualdades.
Para la consultora CRU Group, el impacto en la producción de plata de Perú puede ser significativo, considerando que tres de las minas (Inmaculada, Pallancata y Apumayo) representarán 15,1 millones de onzas al año, o poco más de 10% durante los próximos dos años.
Posiciones encontradas
Tanto el Ministerio de Energía y Minas como la premier han dicho que las cuatro minas ya tenían una fecha de clausura planificada, y que el proceso no se haría de forma unilateral, sino cumpliendo la ley.
Pero para Hochschild, el mensaje del gobierno no es claro, por lo que -dijo- defendería sus derechos. Y es que sus dos yacimientos tienen licencias relativamente cortas que se van actualizando continuamente.
En escenario similar estaría la minera Apumayo (que procesa oro y plata), cuyo gerente general, Guillermo Shinno, dijo al medio RPP que no están en proceso de cerrar operaciones y que cuentan con los permisos para seguir funcionando.
Shinno, además, hizo referencia a que en 2019 el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) les aprobó un nuevo informe técnico para reprogramar actividades, ampliar su pad de lixiviación y su planta de tratamiento.
Y recordó que se acogieron a un Decreto Supremo de este año para que las compañías que no pudieron trabajar de manera normal debido a la pandemia, “puedan reprogramar sus actividades 12 meses más”.
La preocupación sobre el futuro de los yacimientos llegó también a sindicatos de trabajadores, que representa a más de 5.300 personas, que señalaron que se afectará a miles de familias y cientos de proveedores.
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