Tras extenderse el plazo dada la complejidad de los temas abordados, y en medio de solicitudes de prórroga de actores como la Asociación de Transmisoras de Chile, el 15 de enero se cerró la consulta pública del plan de descarbonización. Consultado por DF, desde el Ministerio de Energía informaron que se recibieron comentarios de 65 entidades que involucran más de mil observaciones.
El plan, lanzado por el Gobierno el 8 de noviembre, contiene cuatro ejes y 45 medidas. Luego de una primera fase caracterizada por el retiro de centrales, la propuesta aborda una segunda etapa de consolidación -entre 2024 y 2030- que busca posibilitar la prescindencia del carbón.
El gremio Acera advirtió que la mayoría de las medidas se ejecutarán entre 2025 y 2027, con la participación de 15 instituciones diferentes y en época de cambio de gobierno, por lo que pidió una priorización. Chile sustentable enfatizó que la co-combustión de carbón y amoníaco verde es una “falsa solución” y rechazó uso del gas natural.
Las observaciones recibidas aún no son públicas. El Gobierno trabaja en la sistematización de éstas y, según fuentes, el lanzamiento del plan se estima para el primer semestre de este año. Y si bien Generadoras de Chile declinó referirse a lo presentado, otros sinceraron sus comentarios.
Uno de ellos es la Asociación de Transmisoras de Chile, que se enfocó en destacar la necesidad de perfeccionar los modelos de planificación y operación de la transmisión; y subrayaron la importancia de integrar criterios de resiliencia en la planificación de la transmisión dada la vulnerabilidad de la infraestructura frente a eventos climáticos extremos como los ocurridos.
Abordaron la relevancia de optimizar los procedimientos de acceso abierto al sistema de transmisión, "con énfasis en establecer criterios más exigentes y mecanismos que reduzcan la especulación en las solicitudes de conexión". Y propusieron un nuevo eje de "Mejoras a la Seguridad y Calidad de Servicio", ya que, "actualmente, la Política Energética Nacional establece metas de seguridad y calidad de servicio para el país que no lograremos al actual ritmo".
En términos generales, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) advirtió que la mayoría de las medidas se proyectan para ejecutarse entre 2025 y 2027, con la participación de 15 instituciones diferentes: "Ante este escenario y considerando el cambio de Gobierno que ocurrirá en dicho período, la asociación recomienda que se establezca un orden de priorización de las medidas", dijo la entidad.
Resaltó la medida que propone “mejorar progresivamente el diseño del mercado de servicios complementarios”. Además de modificar el esquema actual, dijo que es clave evaluar mecanismos de mercado que permitan la participación competitiva de las tecnologías renovables y almacenamiento.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés, consideró como un "paso significativo" el plan propuesto. Eso sí, identificó espacios de mejora: "el plan se enfoca -principalmente- en el sector eléctrico sin incluir otros aspectos de la transición que son competencia de otros instrumentos de política, lo cual requiere ser abordado a la brevedad posible".
Entre otras consideraciones, planteó que, en materia de electrificación de la demanda, "es muy relevante identificar quién asumirá los costos de su implementación, y asegurar que este proceso sea costo-efectivo, asegurando la neutralidad tecnológica".
Críticas de Chile Sustentable
Chile Sustentable cuestionó que no se presenta ninguna actualización del cronograma de cierre de termoeléctricas a carbón, respecto a lo ya retirado hasta inicios de 2024; no formaliza los compromisos anunciados por las empresas para 2025; y mantiene hasta más allá de 2040 la operación de las ocho centrales a carbón sin compromisos de cierre.
La fundación asegura que "validar la tecnología de la co-combustión carbón y amoníaco (propuesta por la empresa Guacolda Energía) como parte del plan, constituye la validación de una falsa solución"; y que "el gas natural como combustible fósil no debería ser considerado como una alternativa para la descarbonización del sector eléctrico".
Propuso que el plan incluya la obligación de elaborar y ejecutar planes de cierre y abandono para todas las termoeléctricas que cesen sus operaciones, independiente de si cuentan o no con una RCA vigente. Y, entre otros aspectos, planteó eliminar medidas como la que habilita la exención de EIA a proyectos de transmisión que, bajo ciertos supuestos, no sean susceptibles de generar impactos ambientales.
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Karen Peña
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