“Como ministra del Medio Ambiente no tomo ninguna decisión de cómo avanzan o no los proyectos. Existe una institucionalidad ambiental. No tengo ninguna facultad ni posibilidad de determinar cuándo se vota un proyecto, por qué se vota favorablemente y ninguno de los ministros lo tiene. Por algo solamente cuando llegan al Comité de Ministros son vistos por los ministros y cada uno vota según los antecedentes y convicción”.
Así de tajante fue este miércoles la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien fue citada por la comisión del ramo de la Cámara de Diputados para abordar el proyecto minero-portuario Dominga cuya millonaria compraventa tiene al Presidente Sebastián Piñera bajo investigación de la Fiscalía.
En medio de un tenso ambiente, fue consultada si había hecho llamados para votar de alguna manera la iniciativa. Junto con negar esto, dijo: “Le puedo decir que 100%, nunca he recibido un llamado para decir que se apruebe, y no he recibido del presidente Piñera ningún llamado para decirme que apruebe o no apruebe un proyecto, ni en relación al proyecto Dominga”.
Frente a los contratos y cláusulas que involucran al Mandatario, la autoridad indicó que no tenía conocimiento ni le correspondía pronunciarse sobre hechos que datan del año 2010.
“Fuera de decirle que no tenía la menor idea sobre esta temática, sí señalar que durante todo el tiempo que a mí me ha tocado desempeñarme como ministra del Medio Ambiente, jamás he recibido ninguna llamada del Presidente en relación a este ni a ningún proyecto en torno a su evaluación ambiental”, reforzó.
Solo reconoció que, en la instancia regional, los Seremis son quienes votan los proyectos, pero deben hacerlo en base a los antecedentes que están en el expediente. Y recordó que en las instancias regionales el año 2017, el Seremi de Medio Ambiente del gobierno pasado se manifestó conforme con las medidas de compensación y mitigación establecidas.
Schmidt reiteró que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo estaba obligada a pronunciarse sobre el proyecto Dominga en agosto de este año, ya que se vencían los plazos legales al haber sido solicitado formalmente el cumplimiento de la sentencia que echaba para atrás la evaluación, ante el Tribunal Ambiental. La única forma para eximir a la Coeva de esta obligación era que los reclamantes presentaran una solicitud de suspensión.
A su juicio, este proyecto -como su historia también lo demuestra- “ha sido permanentemente conflictivo en sus votaciones, en cada en cada una de las instancias ha sido reclamado, en distintas oportunidades, por los distintos actores hacia un lado y hacia otro”. Pero, recalcó: “La institucionalidad ambiental de nuestro país tiene que ser cumplida por todos los actores”.
Área protegida
La creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en La Higuera fue otro flanco que debió responder Schmidt. En la cita, enfatizó que no existe ningún decreto, ni ninguna área protegida en la zona, ya que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en 2018 (en el gobierno de Michelle Bachelet) no aprobó la creación de un área protegida de 136 mil hectáreas en ese lugar.
Pero, en el marco de la COP25, se estableció la protección de los océanos dentro de la acción climática global y Chile se comprometió en sus metas, en abril del año pasado, a la protección de aguas marinas en zonas subrepresentadas.
“Se ha trabajado en la definición de un polígono para crear un área marina protegida en la zona de La Higuera. Esto ha sido un trabajo colaborativo que ha delineado una propuesta para crear un área marina costera protegida que contempla más de 200 mil hectáreas”, dijo.
De esta manera, el siguiente paso es presentar esta propuesta al Consejo de Ministros, lo que ocurrirá en el último trimestre de este año. Este proceso, aclaró, “no depende de un solo ministro ni del deseo del ministro de Medio Ambiente y es un procedimiento normado”.
Sobre este nuevo intento, indicó que en este caso será una propuesta mayor a la anterior. “Esta es un área marina que permite múltiples usos siempre que estos sean sustentables y permitan el cuidado de los objetos de protección del área. En esta fórmula, no es que se prohíban actividades en sí, sino que se limitan éstas para garantizar el cuidado de los objetos de protección del área, que en esta zona tiene relación directa con la biodiversidad marina presente en la zona”, afirmó.
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