La aprobación general y unánime de la Ley Corta de Pesca en el Senado, que pone fin a la renovación de los permisos de pesca del sector industrial, obtuvo críticas desde la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), -representa a los pescadores industriales de la zona centro sur-, que la catalogó como un "proceso político".
La presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy dijo "se ha confirmado algo lamentable: castigar a la pesca industrial es parte de un proceso político que genera dividendos de corto plazo, pero a costa de, no sólo ocasionar graves efectos de inestabilidad e incertidumbre -tanto en ésta como en otras industrias- sino peor, se está afectando el futuro de una actividad, la de sus trabajadores y la sostenibilidad de los recursos, con incalculables consecuencias al mediano y largo plazo."
"Ayer escuchamos repetidamente el argumento en el Senado que eliminar los permisos de pesca en el sector industrial era devolver justicia y resolver la grave situación de los pescadores artesanales. Sin embargo, las subastas están construidas para grandes actores económicos, donde obviamente la pesca artesanal no podrá tener una participación relevante", explicó la ejecutiva.
La experiencia internacional disponible indica que las subastas afectan la competitividad y la sustentabilidad de los recursos. "Es por ello que, en todos los países OCDE, los derechos de pesca son indefinidos o periódicamente renovables. Si se elimina la renovación de las LTP clase A, Chile será una excepción entre los países pesqueros de la OCDE", señaló la Presidenta de Asipes.
En esta línea, según expertos de la FAO, si los permisos o autorizaciones para extraer cuotas son de corto plazo (5, 10, 15 ó 20 años) o no renovables, se reducen los incentivos al manejo sustentable, ya que los titulares tendrán como objetivo obtener la mayor cantidad de beneficios mientras duren sus licencias. Al respecto la Presidenta de Asipes dijo que "por eso hemos repetido que el imperativo electoral de corto plazo que impulsa estas reformas desatiende las mejores prácticas pesqueras y las recomendaciones internacionales, generando cambios que no apuntan a un perfeccionamiento del país pesquero en su conjunto. Bajo el supuesto progreso del sector artesanal se están adoptando decisiones que no atienden los problemas de fondo de ese sector, pero que sí destruyen la actividad empresarial ligada a la pesca de mayor escala".
Macarena Cepeda confirmó que todos los informes jurídicos que dispone su sector señalan que el Proyecto Ley Corta es expropiatorio, inconstitucional, contrario a las recomendaciones FAO, prácticas OCDE y recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de la Libre Competencia. "Con todo, no pierdo la esperanza en que prime la razón y los derechos de los miles de trabajadores y familias que se sustentan en las plantas y barcos de la pesca industrial, quienes creemos también tenemos derecho al trabajo y a un futuro, y que no hemos sido considerados. Chile no es solo artesanal", aseveró.
Por último, la presidenta de Asipes hizo un llamado al diálogo sin exclusiones, amplio, con fondo técnico y científico, que recoja las experiencias y las mejores prácticas pesqueras internacionales y solicitó al Gobierno cumplir un rol relevante y orientador de las discusiones legislativas, en beneficio del país en su conjunto.
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