Olas de calor, sequía y derretimiento de glaciares, son solo algunos efectos que está provocando el cambio climático en Chile. Si bien los expertos reconocen que el trabajo del Estado en torno a esta problemática data desde los años ‘90, a nivel legal los desarrollos normativos han sido escasos, por lo que la ley marco de cambio climático publicada el 13 de junio de 2022 marca un hito, aunque no ha estado exenta de dificultades.
Uno de los compromisos de Chile más discutidos actualmente es la carbono neutralidad a 2050, que adquiere rango legal al estar incorporado en la ley marco de cambio climático. A su vez, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que da respuesta a lo planteado en el Acuerdo de París, se compromete a un presupuesto de emisiones a 2030. Y, también, entre otras acciones, destaca la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP).
En cuanto al cumplimiento de las metas, para el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, el sector energético está avanzando incluso más rápido de lo que se pensaba, considerando que la meta actual (de carbono neutralidad a 2050) no consideraba necesariamente el cierre acelerado del carbón. La mala noticia, dice, es que “el parque vehicular de Chile creció más de lo que se pensaba y con vehículos más ineficientes que los que se proyectaba. En ese contexto estamos atrasados, como también en actualizar el precio del carbono”. En resumen, su mirada “es más positiva que negativa, pese a las acciones contradictorias que a veces se toman en el camino”.
“Debemos avanzar en aumentar los esfuerzos para la implementación de los planes de adaptación, de desarrollar más métricas de vulnerabilidad y resiliencia y de involucrar al sector privado”, dice el MMA.
Según el socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, Ignacio Urbina, la estructura establecida en la ley marco de cambio climático permite que Chile adopte regulaciones y políticas públicas en distintos niveles, todo a través del Poder Ejecutivo, para cumplir con los objetivos de carbono neutralidad. Por ello, añade,“si bien es una ley marco, el acuerdo político es muy relevante, dado que se establece una habilitación al Ejecutivo bastante extensa para dictar una serie de instrumentos de gestión climática, según sea razonable. No es poco”.
La tarea en reglamentos
Aunque se trabaja en distintos frentes, la demora en los reglamentos de los cuales depende la implementación de la ley marco de cambio climático ha encendido las alertas, ya que debían estar dictados en el plazo de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la nueva legislación. Según el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de los 18 reglamentos que implica la ley, faltan tres nuevos y dos que corresponden a modificaciones a reglamentos existentes.
Los nuevos que están pendientes son el que regula la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París; el que establece el sistema de certificación de reducción de emisiones asociados a normas de emisión de gases de efecto invernadero, y el referido al sistema de certificación voluntaria de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y uso del agua.
“El plazo de un año que se otorgó para emitir 23 reglamentos parece muy breve. Se ve un esfuerzo importante del ministerio en ya haber dictado los ocho más relevantes y en tener varios más en un importante estado de avance, considerando todos los procesos asociados a la tramitación de estos instrumentos. Este esfuerzo se ha replicado por el SEA”, dice Luis Prieto, abogado socio de Moreno, Sáez y Avilés.
Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), sostiene que la mayoría de los reglamentos y, sobre todo los más importantes de los cuales dependía la implementación de la ley, están vigentes: “Uno de los principales es el que se refiere a la participación ciudadana y también a los planes de mitigación y de adaptación de los sectores responsables, de los ministerios, pero también de los gobiernos regionales y de los municipios. La tarea en curso es elaborar estos planes con las medidas de adaptación y mitigación, lo cual es complejo a todo nivel”.
Eso sí, reconoce preocupación ante situaciones como la creación de un comité de expertos para acelerar la carbono neutralidad y la resiliencia. A su juicio, está al margen de las definiciones institucionales y democráticas que se definieron en la ley marco de cambio climático.
En el MMA recalcan que, “si bien persisten desafíos importantes para completar la implementación de la ley marco de cambio climático, observamos que en términos generales existe un avance significativo en el desarrollo de los reglamentos requeridos por la ley, así como también en la elaboración y actualización de los principales instrumentos de gestión del cambio climático”.
Añaden que la ley marco debe entenderse como un compromiso de Estado, en donde todos los involucrados (sectores, gobiernos regionales y municipios) tienen la responsabilidad de avanzar en el diseño de sus instrumentos de gestión de cambio climático respectivos: “El desafío latente es que todas estas responsabilidades sean cumplidas en plazos y formas (...) Luego de elaborados todos los reglamentos e instrumentos de gestión del cambio climático, tenemos que acompañar la implementación de estos planes, y hacerles seguimiento”.
Los retos futuros
Moraga afirma que el mayor desafío de Chile “es generar una capacidad de respuesta preventiva a los efectos del cambio climático que exacerban ciertos fenómenos, eventos climáticos extremos como, por ejemplo, los incendios”.
El exministro Mena indica que lo más urgente es abordar el transporte en el sentido que “tenemos una estructura de impuestos al combustible que incentivan malas soluciones”. Por ejemplo, explica que hoy los vehículos comerciales tienen todos los incentivos para ocupar diésel, siendo que podrían ser eléctricos. Suma la reforestación donde -dice- “los números están muy atrasados”. En política pública, advierte que un tema clave será la adaptación a nivel comunal y regional.
El MMA enfatiza: “Desde el punto de vista de la adaptación debemos avanzar en aumentar los esfuerzos para la implementación de los planes de adaptación, de desarrollar más métricas de vulnerabilidad y resiliencia y de involucrar al sector privado en los procesos de adaptación”.
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