El propietario de dos complejos de estacionamientos de pago en Vitacura acusó al municipio liderado por Raúl Torrealba de incumplir con su obligación de garantizar una zona exclusiva de aparcaderos en beneficio del concesionario.
La sociedad compuesta por Hispano Chilena Estacionamientos e Inversiones Vitacura es la dueña de los estacionamientos de pago en Plaza Lo Castillo y Alonso de Córdova.
Según la concesionaria, la Cláusula Décimo Séptima del Contrato contiene una obligación especial para la Municipalidad de Vitacura, consistente en que ésta debe garantizar el establecimiento de un área de restricción de estacionamientos en la superficie, en calles cercanas a las zonas concesionadas.
De acuerdo al operador, la municipalidad también asumió en el contrato la obligación de denunciar ante los tribunales competentes las infracciones que detecte a las normas sobre estacionamiento en las zonas de restricción.
Pues bien, según la firma suiza, el municipio liderado por Raúl Torrealba ha incumplido el acuerdo, precisando que el área de restricción se hizo efectiva desde el 5 de febrero de 2010, fecha en que se inició la operación del estacionamiento en Plaza lo Castillo; y desde el 3 de febrero de 2009, fecha en que partió en Alonso de Córdova.
La empresa afirma que ha manifestado en diversas oportunidades el incumplimiento del municipio de su obligación de denunciar las infracciones. Destaca que tuvo reuniones con altos funcionarios de la Dirección de Tránsito, con el Administrador Municipal y el propio alcalde, para reclamar.
En todas las instancias, el municipio ha señalado que sí cumple con su parte del contrato.
Dado esto, la empresa decidió interponer una demanda en contra de Vitacura, en la que solicitará una indemnización pues a su juicio sus ingresos se han visto afectados ante un menor uso de sus estacionamientos, cuyas concesiones tienen una duración de 40 años.
"La municipalidad se constituyó́ en mora al no disponer de los mecanismos para fiscalizar y denunciar ante los tribunales competentes las infracciones a las normas sobre estacionamientos en el área de restricción, lo que ha generado las pérdidas económicas para la sociedad concesionaria que se reclaman", sostiene la empresa en su demanda, en que no cuantifica lo que solicitará de indemnización.
Para el operador, solo mediante la creación de áreas de restricción, en la que no se permitan los estacionamientos en espacios públicos, es que la construcción de estacionamientos y su posterior cobro se vuelve rentable.
A su juicio, de no existir estas zonas no habría incentivo alguno para la participación de las empresas en la licitación de los estacionamientos. "De ahí que se trate de una norma fundamental en lo referente al equilibrio de las prestaciones de las partes, permitiendo (en caso de que se cumpla) que dicho equilibrio no se quebrante", sostiene.
Los dueños de los estacionamientos le entregaron la operación de ambos a Aport, ligado al grupo suizoFlughafen Zürich, que opera una serie de complejos de aparcaderos de pago en el sector oriente de Santiago.
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