Un duro cara a cara se evidenció en las respuestas de la FNE a los comentarios presentados por actores del mercado en la versión preliminar del estudio.
Un total de 10 empresas entregó sus observaciones y en el documento se resumen las principales críticas y comentarios, la gran mayoría de los cuales son refutados por la entidad, ya que es posible inferir que se percibió –por ejemplo- una débil argumentación.
Uno de los actores aseguró que el organismo no presentó los resultados a los incumbentes previo a la publicación del informe preliminar, lo que la hizo cometer errores y causar un grave perjuicio a los mismos. Pero la FNE fue enfática en contestar que la crítica es “absolutamente improcedente” y que no veía “cómo un estudio de mercado pueda causar por sí mismo perjuicios”. Una firma también indicó que los resultados no son válidos o que debían ser ajustados sustancialmente porque los cálculos realizados no consideraron el efecto de la inflación. “La afirmación no es correcta. Sorprende particularmente que se realice de manera tan categórica sin entregar fundamentación alguna”, replicó la FNE, agregando que todos los cálculos de la entidad en el informe consideran inflación medida a través de IPC.
El tono de la FNE se elevó ante otros comentarios, como cuando un actor indica que el informe carece de validez al calcular márgenes porcentuales cuando lo correcto habría sido calcular márgenes absolutos. “La afirmación obedece a una posible falta de lectura atenta del informe”, lanzó el organismo.
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Asimismo, un actor señaló que la legislación nacional recoge la diferencia entre las actividades de aprovisionamiento y distribución, regulándose únicamente la segunda por tratarse de un mercado en el que existe competencia imperfecta. Agrega que se reconoció que los costos propios del negocio de la distribución son aquellos que se generan después del punto de inicio de las actividades de distribución. La FNE discrepó de esta visión aseverando que “no es más que una opinión sin fundamento”, porque la ley de servicios de gas no distingue claramente las actividades de aprovisionamiento o abastecimiento y distribución.
Entre los documentos que reveló la FNE, consta un documento de 371 páginas con las contribuciones de los actores que manifestaron su voluntad de que sus escritos fuesen públicos, como Gasco, Lipigas, Metrogas y Aprovisionadora Global de Energía. También, acudió Intergas cuya observación principal fue una propuesta que apunta a desarrollar una institucionalidad especial, estableciendo una especie de “Consejo de Energía” (tipo Banco Central) que pueda evaluar la energía en Chile a mediano y largo plazo, sin responder a gobiernos de turno.
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