En el marco de una audiencia pública realizada este miércoles, a partir de una consulta de Inversiones Marina del Sol, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) afirmó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que las condiciones especiales incluidas en las licitaciones de los permisos de operación de los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón no generan riesgos relevantes para la libre competencia.
Además, en la cita, la FNE propuso mejoras para futuros procesos licitatorios que realice la Superintendencia de Casinos de Juego.
En la consulta de uno de los principales actores en la industria local de casinos físicos, la cual el TDLC hizo pública en junio de este año, Marina del Sol solicita al Tribunal evaluar y examinar si las mencionadas bases cumplen con el estándar de neutralidad competitiva exigible en procesos de asignación de derechos exclusivos y, por ende, no generan riesgos anticompetitivos en la industria.
De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía en la instancia, estas exigencias están establecidas y/o autorizadas por la Ley de Casinos, aplican por igual a todos los interesados y son conocidas antes de presentar las ofertas.
En concreto, la coordinadora de la División Antimonopolios de la FNE, Julie Massmann, indicó que éstas tienen su origen en objetivos de política pública particulares establecidos en la Ley de Casinos, como recaudar ingresos municipales y promover el turismo y el desarrollo local, intereses que en este caso en particular -dijo- deben ser ponderados con la protección a la libre competencia, procurándose que el diseño de las licitaciones resguarde un nivel suficiente de rivalidad competitiva.
Para la FNE, el principal riesgo que se presenta es que el conjunto de estas exigencias sea demasiado costoso y que los procesos sean declarados desiertos, como habría ocurrido en dos de los cuatro convocados.
Asimismo, planteó que este riesgo se aborda asegurando que las condiciones se encuentren correctamente dimensionadas para el cálculo de la oferta económica mínima y reduciendo en todo lo posible la incertidumbre para potenciales oferentes, mediante la entrega de la mayor cantidad de información disponible, con el objeto de permitir a los interesados evaluar los costos asociados a las diferentes condiciones establecidas en las bases de licitación.