Este jueves el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC) hizo pública una consulta ingresada por uno de los principales actores en la industria local de casinos físicos, en la que manifestó su preocupación por las bases técnicas que hoy rigen y delinean el camino de cuatro concursos para operar, por los siguientes 15 años, cuatro casinos: Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo, a los que Enjoy y Dreams renunciaron en 2025.
Se trata de Marina del Sol (MDS), que en 2024 pasó a manos de la familia Imschenetzky. En concreto, la firma solicitó al TDLC evaluar y examinar si las mencionadas bases cumplen con el estándar de neutralidad competitiva exigible en procesos de asignación de derechos exclusivos y, por ende, no generan riesgos anticompetitivos en la industria.
A juicio de Marina del Sol, esto no estaría siendo así, pues los escritos elaborados y publicados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) contienen una serie de exigencias a los interesados en competir que “restringen la participación de entrantes y confieren ventajas injustificadas a operadores incumbentes”, haciendo referencia a operadores actuales con permisos, como Enjoy.
Los requisitos
En la misma línea a lo dicho a DF por el exsuperintendente de Casinos de Juegos, Francisco Leiva, hace algunas semanas; MDS apuntó a ciertas exigencias en particular que –a su juicio– el TDLC debería evaluar y examinar a fondo.
Estas son: los elevados montos de oferta mínima para participar de los cuatro concursos, el que ya estén predeterminados los lugares donde deben estar emplazados los casinos de Iquique y Viña del Mar, la exigencia de mantener el 100% de los empleados del operador anterior, la obligación de invertir en infraestructura para la localidad (como salones de eventos de características predeterminadas, mejoramiento de espacios públicos, etc.), entre otros.
En el caso específico de Viña del Mar, Marina del Sol apuntó a los cortos plazos exigidos para que un nuevo operador comience a funcionar, que estaría fijado en tres meses.
A su juicio, “la fijación administrativa de un plazo tan acotado para un casino que debe operar en infraestructura de terceros constituye un ejercicio de discrecionalidad que, en la práctica, excluye de facto a todo operador que no sea el incumbente o que no haya adquirido previamente sus activos”, alegó este operador.
Exigencias como las mencionadas, señaló la firma, rigidizarían y distorsionarían la competencia por el mercado, “al desplazar la rivalidad desde la calidad e innovación (como lo sería desplegar un nuevo inmueble en un nuevo lugar, por ejemplo) hacia la mera capacidad de replicar un proyecto predefinido derivada de la incumbencia, lo que se opone a los estándares de objetividad, no discriminación y neutralidad competitiva que deben informar todo proceso de asignación de derechos exclusivos”.
Una industria “particularmente sensible”
Como contexto, Marina del Sol afirmó que el mercado de los casinos físicos hoy es “particularmente sensible" al diseño de procesos licitatorios y a la aplicación de normativa sectorial.
Esto, pues hoy se distingue por ser un mercado especialmente concentrado en Chile, en el que solo “un número reducido de grupos empresariales controla la mayoría de los permisos de operación vigentes”; sumado a que también es una industria altamente exigida en términos económicos, pues “implica elevadas inversiones específicas requeridas para preparar, financiar y operar proyectos licitatorios complejos y de larga duración”.
Estos costos asociados a las diferentes operaciones, a juicio de Marina, son una pieza clave a la hora de que actores decidan si participar o no de ciertos concursos en la industria.
Por eso, el casino solicitó al tribunal revisar la calibración de la magnitud y modalidad de requisitos como los mencionados; y, en el caso concreto de Viña del Mar, suspender el actual concurso (que tiene como fecha de cierre el próximo 11 de agosto) hasta que no se resuelva la consulta.
En respuesta, este jueves el TDLC inició el procedimiento de revisión y ofició a la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Casinos de Juego y a las municipalidades de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo; para que estas entreguen antecedentes dentro del plazo de 20 días hábiles.
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Catalina Vicuña
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