Como una industria “estancada”. Así describió el abogado Francisco Leiva el momento que hoy viven los casinos físicos en Chile, sector que entre 2005 y 2012 le tocó supervisar como primer superintendente de Casinos de Juego en el país.
Esto, a su juicio, pues estos establecimientos evidencian ingresos con una “tendencia a la baja”, explicado por una caída significativa en número de visitas; sumado a la poca modernización de juegos que resulten atractivos para el público.
Ahora, el abogado advirtió a DF lo que –a su juicio– podría significar otra traba más para el sector: la alta exigencia que contienen las denominadas “Condiciones Especiales” presentes en las bases de cuatro licitaciones hoy abiertas para operar –por los próximos 15 años– los casinos de Pucón, Viña del Mar, Iquique y Coquimbo, a las que Enjoy y Dreams renunciaron en 2025.
Su pronóstico es lapidario: el proceso (que tiene como fecha de cierre el próximo 11 de agosto) “va destinado al fracaso”. Desde su perspectiva, hoy las exigencias interpuestas por la Superintendencia “limitan severamente la competencia y además tienden a favorecer a sociedades ligadas a las empresas que renunciaron”, afirmó. En abril pasado, el abogado ingresó a Contraloría una denuncia con su inquietud.
La exautoridad propone suspender las licitaciones y que se establezcan condiciones que incentiven la competencia.
Las exigencias
Según el exsuperintendente, hoy existen -mínimo- tres requisitos que deben ser modificados con urgencia.
El primero está relacionado a las ofertas económicas mínimas para participar de los concursos, las que, a su juicio, son “excesivamente altas”. “Ya se demostró el 2016. Estas ofertas tan altas hicieron que al cabo de los años los operadores (como Enjoy) renunciaran”, apuntó.
Su segunda preocupación es la exigencia para invertir en infraestructura turística en las respectivas comunas. En Coquimbo, por ejemplo, se solicita la “construcción de una sala de eventos y/o convenciones con capacidad para 1.500 personas”, inversión que “no está dimensionada”, destacó Leiva.
Además, destacó la exigencia de mantener el 100% del personal que hoy trabaja en los casinos, sumado a la carga de tener que pagar los costos de indemnización por despido. “El postulante asume una carga financiera altísima, y además desconocida porque el único que sabe cuánto es el monto de esa carga, es el operador actual”, explicó.
Con estas condiciones, sentenció, “es difícil que haya terceros interesados en postular”. Lo mismo para actores de afuera: “Sería iluso pensar que operadores internacionales decidan aprovechar esta oportunidad para postular”.
Además, planteó que el único que podría beneficiarse de los requisitos “es el operador que renunció”, a través de la participación de ejecutivos ligados a la sociedad. Para Leiva, sin embargo, dicha movida sería una “mala señal para la industria”.
En el caso de Enjoy, por ejemplo, –donde según adelantó DF existiría un grupo de exejecutivos buscando participar en Pucón– “lograría mantener su operación pagando una menor oferta económica, cuando la solución más apropiada del punto de vista país, es que tú bajes las condiciones especiales y de esa manera, abras la cancha a todo interesado (...) y se logre una mejor oferta”.
¿Y ahora qué?
Para Leiva la única solución para evitar que fracase el proceso, es que éste se suspenda y “se fijen condiciones que faciliten la competencia”. Esa decisión, apuntó, hoy estaría en manos de Hacienda, cartera encargada de presidir el consejo resolutivo de la Superintendencia. El ajuste, afirmó, debe hacerse “lo antes posible”.
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