El estudio de mercado de textos escolares dado a conocer ayer por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), descartó algún tipo de ilícito referente a esta industria, pese a las diferencias detectadas en precios de ventas entre el segmento público y privado, además de la alta concentración en dos actores: Santillana y SM Chile.
"Existen espacios en la industria que no se encuentran funcionando correctamente desde el punto de vista de la competencia, lo que provoca que las condiciones comerciales a las que pueden acceder tanto el Estado como los consumidores no sean óptimas", señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
El diagnóstico arrojó que el valor promedio de los libros escolares en el sector público bordea los $ 2.400, mientras que en el privado se eleva a $ 24.900. Esto, sin contar con el costo de distribución, que eleva 25% el precio final.
En el mercado público -señala el informe- las barreras de entrada de nuevos actores se deben principalmente a los acotados plazos de las licitaciones que hace el Ministerio de Educación, donde los concursantes tienen dos meses para desarrollar el producto y hacer la impresión de los libros.
Dicho proceso, estima la FNE, debería ser de al menos un plazo de cinco a nueve meses, otorgando número fijo de reimpresión de los textos, pues actualmente un nuevo entrante corre el riesgo de hacer una abultada inversión con un elevado número de impresiones, sin tener asegurado que su producto se utilice al largo plazo.
Por esto, la FNE sugiere que se divida la licitación de contenido con la de impresión, lo que estimula que se pueda ejecutar este último ítem en el extranjero, donde es más eficiente.
El gobierno no tardó en reaccionar y señaló que ya están trabajando en el tema.
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que aunque siguen "analizando el informe", algunas de las sugerencias ya fueron adoptadas en la licitación que el organismo tiene en curso, extendiendo el plazo para presentar ofertas a tres meses, lo que significó una llegada de 17 interesados.
En el segmento particular, el análisis concluyó que, pese a la similitud en la calidad de los textos, el mercado lo tiene copado Santillana y SM Chile, por un problema de "agencia" entre los colegios y los apoderados.
Como ambas editoriales cuentan con una red de vendedores muy desarrollada, es difícil el acceso de otros actores si las instituciones particulares no buscan alternativas.
El conflicto radica en que quien decide -es decir, la institución- no transparenta los criterios de búsqueda de los materiales, y el que paga -es decir, los apoderados- no cuentan con la información necesaria para saber por qué adquieren ese contenido a ese precio.
Señala el informe que hay una "fuerza de venta" que perpetuó los altos precios. Esto, pese a que 75% de los colegios declara que considera los textos del Mineduc como alternativa para sus estudiantes.
La FNE recomienda el fortalecimiento de los libros de segunda mano y la creación de una plataforma web comparativa de precios.
Impacto económico de las medidas sugeridas llegará a US$ 19,4 millones
El fiscal Ricardo Riesco, afirmó que la entrada de nuevos competidores en el sector público traerá "mas" cambios, mientras que en el segmento privado estas transformaciones serán "sustanciales". Explicó que un colegio particular adquiere un precio que es al menos 10 veces superior al estatal, siendo similares en calidad. Asimismo, de seguir las recomendaciones hechas por la FNE, señaló que habrá un ahorro anual de cerca de US$ 19,4 millones tanto para las familias como para el Estado y la industria en general.
Para el sector público, esto se dará porque la entrada de nuevos actores no contará con las limitantes actuales, lo que da como resultado un sector más competitivo y con mejores eficiencias editoriales, produciéndose un ahorro final de 30%.
Mientras que en el mercado privado, los libros al corto plazo tendrán una caída en torno al 25%. En cambio, a largo plazo se prevé una profundización que podrá llegar al 70%.
Esto se traduciría en que una familia de un hijo hará un desembolso de $ 87.000, en tanto apoderados que tengan tres estudiantes en un mismo establecimiento educacional podrán invertir del orden de $260.000.
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