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REGÍSTRATE AQUÍValente reconoció que la ley actual “no resuelve realmente los problemas del sector”.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 2 de abril de 2019 a las 04:00 hrs.
En el marco de una visita para conocer la futura planta de la embotelladora CCU en Renca, el ministro de Economía, José Ramón Valente, abordó el reciente anuncio del cierre de una planta de la empresa pesquera Pacific Blue en Talcahuano -medida que afectará a una 400 personas- producto de la nueva ley de la Jibia, asegurando que desde un principio el Ejecutivo mostró su negativa al proyecto.
“El proyecto de ley que se aprobó en el parlamento a principios de este año, y que modifica la forma en que se puede capturar la jibia es un proyecto, que fue una moción parlamentaria que el gobierno no apoyó, por el contrario mostró su disconformidad”, consignó el ministro.
Insistió en que el proyecto “no resuelve realmente los problemas del sector”, aunque reconoció que tuvo el respaldo del Congreso.
En base a ello, fue enfático al declarar que “muchas veces dijimos que esto podía generar problemas en la industria. Y bueno, lo estamos viendo hoy día. Como gobierno hemos estado siempre dispuestos a reunir a las partes. Lo hicimos en enero y seguimos conversando para mejorar una ley que creemos no resuelve bien los problemas”.
El titular de Economía puso en la mesa la intención del Ejecutivo de presentar un proyecto mejorado, pese a que no adelantó alguna fecha para darlo a conocer.
“Nosotros como gobierno tenemos la plena disposición de enviar un proyecto de ley que corrija los problemas de la ley actual. Ojalá que haya plena disposición al diálogo”, sostuvo el secretario de Estado.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.