El cuidado de la naturaleza ha pasado a la acción mediante varias leyes. Una de ellas - y que entró en vigencia en noviembre de 2020- es la Ley 21.202, destinada a proteger los humedales en Chile que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano.
Pero a pesar de que el objetivo de esta norma es la protección del medioambiente, distintas entidades privadas han destacado que la ley ha sido un dolor de cabeza para ellos, y expertos en el tema lo atribuyen a la falta de sustento técnico que tiene la normativa.
La ley dicta que la autoridad a cargo de la declaración de los humedales es el Ministerio de Medio Ambiente, y el procedimiento puede ser por oficio o a solicitud de un municipio. Cabe mencionar que para estos últimos casos, Medio Ambiente tiene un plazo de seis meses para pronunciarse respecto a la declaración, y durante ese período la municipalidad respectiva podrá postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados.
A la fecha, según datos de la cartera que encabeza Maisa Rojas, se han ingresado 198 solicitudes municipales de declaración de humedales y 38 por oficio, de los cuales 101 han sido aprobadas (que suman unas 11.181,49 hectáreas). En cuanto al resto de los procesos, 32 se han rechazado y 103 siguen a la espera de la decisión del ministerio (tres por oficio y 100 por solicitud municipal).
De las 100 solicitudes municipales que siguen a la espera del Ministerio de Medio Ambiente, -que comprenden una superficie de aproximadamente 15.776 hectáreas-, solo 11 se encuentran dentro del plazo que estipula la ley, es decir, un 11%.
Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente. Foto: Julio Castro
“Amerita con urgencia una reforma legislativa”
“La ley tenía buenas intenciones, pero careció de una perspectiva realista de las consecuencias prácticas que supondría su implementación”, aseveró Paulina Riquelme, abogada especialista en derecho ambiental.
La socia del estudio Eelaw señaló que la normativa de humedales se cae en diversas materias, pero que lo más importante es que no hubo un sustento técnico para la creación de ésta.
“Fue una moción parlamentaria, entonces faltó profundizar en muchas cosas y la ley quedó muy amplia. Partamos con que ésta no cuenta con el presupuesto necesario para procesar la cantidad importante de solicitudes que se reciben, y tampoco existe un lineamiento claro de qué humedal entra en esta normativa”, señaló la abogada, agregando además que el plazo de seis meses no es realista.
En este ámbito, el abogado y gerente de medio ambiente de Urbano Proyectos, Jorge Cash, explicó que la ley de humedales es necesaria en cuanto a sus objetivos de protección medio ambiental, sin embargo enfatizó que esta tiene serias deficiencias en el ámbito administrativo, por lo que amerita con urgencia una reforma legislativa.
Además, el experto señaló que la espera de la sentencia del ministerio -trámite que muchas veces se extiende hasta por dos años- tiene un gran nivel de afectación, ya que los potenciales involucrados terminan encontrándose en una situación de incertidumbre absoluta, viéndose imposibilitados a enajenar o desarrollar un proyecto en el área comprometida.
Falta de presupuesto
Consultados sobre el tema, desde el Ministerio de Medio Ambiente señalaron que el proceso de declaración lo realizan con la mayor seriedad y nivel técnico-científico posibles, lo cual implica una profunda revisión de la información en gabinete y el levantamiento de antecedentes de terreno. Y en este marco, destacaron que este proceso no se puede hacer dentro de los períodos estipulados por la ley.
“Los tiempos de práctica no se condicen con el plazo de seis meses establecidos por la ley, considerando el elevado número de tramitaciones en curso, ya que, en su origen, a la ley no se le dotó de presupuesto, cosa que como Gobierno estamos intentando corregir”, explicaron desde la cartera encabezada por la ministra Maisa Rojas.
Para disminuir el tiempo de tramitación de los procesos, Medio Ambiente quiere realizar un programa específico de Gestión de Humedales con el fin de fortalecer la gobernanza, definir criterios técnicos, capacitar al personal y tener capital humano adecuado asociado a la tramitación de humedales urbanos.
Por el momento ya cuentan con la recomendación favorable de la Dirección de Presupuestos.
“Sin embargo, sin personal, viáticos e insumos necesarios, es difícil avizorar una realidad diferente. Esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios durante el proceso de discusión presupuestaria para, de esta forma, dar respuesta a la creciente demanda de la ciudadanía respecto a la protección de los humedales de nuestro país”, concluyeron desde el ministerio. En este sentido, agregaron que existen ciertos aspectos metodológicos que se encuentran en vías de optimización y mejora.
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