Indura y su exgerente general, Marcelo Torres, respondieron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego de que esta los acusara de coludirse en el mercado de gases industriales y medicinales (como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno), acordando no disputarse los clientes con su principal competidora, Linde.
Esta última, junto a sus ejecutivos involucrados -el exCEO, Sergio Novelli, y David Lori-, se acogieron al programa de delación compensada, por lo cual la FNE pidió que se les eximiera de multas y responsabilidades penales. En esa línea, en su contestación, tanto la compañía como los exgerentes reconocieron los hechos acusados.
Indura y su exejecutivo principal, tomaron el camino opuesto y refutaron las acusaciones de la Fiscalía. En sendos escritos, ambos calificaron de “vago” el requerimiento de la entidad.
Indura solicitó que la FNE entregue un listado de clientes, descripción de licitaciones, ofertas y contrataciones que habrían sido afectadas, y el cálculo de la multa.
“La FNE deliberadamente omite indicar cuántas y cuáles habrían sido esas oportunidades en que Linde e Indura habrían dejado de competir”, señaló esta compañía, representada por el abogado Claudio Lizana.
Solicitud de información
De hecho, tanto Indura como Torres han insistido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que se les entreguen las grabaciones telefónicas y los documentos en que se sustenta la investigación de la FNE, hasta ahora sin éxito.
“La falta de especificación de los hechos nos fuerza a probar la inexistencia (hecho negativo) de una conducta cuya manifestación desconocemos, simplemente por la incapacidad de la FNE de puntualizar cuáles son los casos concretos en los que estima que existió un acuerdo entre las requeridas”, se lee el escrito presentado por Indura.
El documento agrega que la “deficiencia mostrada por la Fiscalía es aún más burda cuando se tiene a la vista que la investigación llevada a cabo por la autoridad tuvo una duración de 4 años, 8 meses y 27 días y, como si lo anterior fuera poco, contó con la delación de una de las supuestas involucradas”.
Torres, en tanto, representado por los abogados Javier Velozo y Pablo Pardo -socios de Contreras Velozo-, dijo que las citas del requerimiento en que se citan los llamados telefónicos son “deliberadamente escuetas y cuidadosamente seleccionadas para ser incorporadas en un relato intencionado de la FNE”.
La defensa del exgerente argumentó que ”no es racional ni justo situar a nuestro representado ante la necesidad procesal de contestar un requerimiento que no contiene los antecedentes que fundamentan la acusación dirigida en su contra, impidiéndole realizar una ‘exposición clara de los hechos’ en las que se apoyan sus excepciones, alegaciones y defensas”.
Con todo lo anterior, Indura solicitó al Tribunal que la FNE entregue: un listado de clientes afectadas por la colusión con Linde; descripción de las licitaciones, ofertas y contrataciones que se habrían visto afectadas por las conductas acusadas, con sus fechas, montos y volúmenes; y una explicación y análisis detallados del cálculo de la multa que se solicitó, que asciende a unos US$ 31 millones en el caso de Indura.
Este lunes, la FNE retrucó con un nuevo escrito en el que solicitó que se vuelva a rechazar la exhibición de documentos pedida por Indura y Torres y planteó que no es la etapa del procedimiento legal en que corresponde realizar esto.
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