En julio del año pasado, el Ministerio de Agricultura publicó una circular que generó alarma en la industria de las parcelaciones. La cartera dirigida por Esteban Valenzuela instruyó al SAG a endurecer los criterios para autorizar loteos.
Posteriormente, el gremio de parceleros, ChileRural, demandó al Gobierno argumentando que esta atribución le corresponde al Congreso y logró que el instructivo se paralizara mientras durara el juicio, con una medida precautoria.
“Lo que esperamos es que el ministro Valenzuela presente a la brevedad el proyecto de ley que tantas veces ha anunciado”, dijo el presidente del gremio ChileRural.
Pero el criterio del SAG continuó siendo más duro y el servicio aún está solicitando una serie de antecedentes para aprobar subdivisiones, argumentando que esta facultad es preexistente. Y en un juicio paralelo, con un grupo de inmobiliarias, la Corte falló a favor de Agricultura y validó las medidas del SAG.
Con esto, el ministerio intentó descongelar el polémico instructivo de las parcelaciones; sin embargo, el 7° Juzgado Civil declinó la petición.
“Esto demuestra que no se puede tratar de cambiar la ley mediante oficios. Acá lo que esperamos es que el ministro Valenzuela presente a la brevedad el proyecto de ley que tantas veces ha anunciado en la prensa y sea el Congreso Nacional el que delibere”, dijo Patricio Álvarez, presidente de ChileRural.
El ministro Valenzuela, en tanto, afirmó que esta resolución no afecta en nada los planes de la cartera respecto al conflicto de los loteos y destacó que el tribunal también desestimó la solicitud del gremio de parceleros de ampliar la medida precautoria para que se prohibiera la dictación de actos administrativos que produzcan la suspensión de la certificación de subdivisiones.
“Desechada esta aspiración, no se ha visto afectado el cumplimiento de la función de velar por la legalidad vigente en materia de subdivisiones prediales, tarea que corresponde realizar coordinadamente por los servicios públicos (…) Seguiremos por tanto cumpliendo los fallos de los tribunales y las funciones que la ley nos encomienda a los servicios públicos en la materia”, aseveró.
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