Latam Airlines, Sky Airline, Hipermercados Tottus, Cencosud Retail, Saga Falabella y Ripley son solo algunas de las empresas chilenas -con operaciones en Perú- que han estado bajo la mira del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en los últimos dos años, por temas de libre competencia, regulación de mercado, deficiencias en servicios prestados, entre otros aspectos.
En su portal web, el organismo dice que tiene, entre algunas de sus funciones, “la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores”. Así, equivale al Sernac chileno, pero también a la Fiscalía Nacional Económica y Tribunal de Defensa de Libre Competencia.
Según explica Juan Francisco Rojas Leo, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual de la institución entre 2001 y 2006, explica que el organismo ha investigado el comportamiento del mercado y de los principales actores económicos desde su creación en 1992, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, como un intento de modernización del aparato estatal.
Hoy está regido, temporalmente hasta la próxima elección presidencial en 2021, por Hania Pérez de Cuéllar, experta en políticas públicas y la segunda mujer que ocupa el máximo cargo en la institución.
Los casos emblemáticos
Entre 1994 y 2000 estuvo en el puesto Beatriz Boza Dibós, “una reconocida abogada peruana, pero que estaba formada en derecho privado y no en derecho público”, cuenta Rojas Leo.
Ello, explicó el experto, marcó mucho el trabajo del Indecopi en cuanto a la idea de mantener una buena relación con la industria. En un período de cinco años, solo se registraron dos investigaciones de oficio. “Uno se conoce como la concertación en el mercado avícola de 1997, que en Chile hubo uno parecido con el precio del pollo; y, el otro, fue el del mercado de las harinas en 1996”, recordó.
A ellos, se suman los casos de la colusión del papel higiénico y de las farmacias (en 2014 y 2016, respectivamente) que son los más emblemáticos en ese país. “Esas son las multas más altas que se han puesto, pero hay que dar cuenta que ello se debe a que solo estaban involucradas dos o tres empresas. Es mucho más fácil investigar oligopolios; es decir, a unas pocas y no a muchas, como ocurre con el caso más reciente de los supermercados con el pavo entero”, dijo aludiendo al proceso que se lleva contra varias cadenas, entre ellas Cencosud y Tottus Perú.
Y agregó que, curiosamente, muchos de los procedimientos que se han realizado en el país siguen la tendencia de lo que ha ocurrido en países vecinos. “Lo vemos en los casos que han rebotado precisamente de Chile, como la concertación del papel higiénico, de las farmacias y del gas”.
Las tareas pendientes
Para Rojas Leo, el organismo tiene varias tareas pendientes en la vigilancia de los mercados.
Por un lado, dijo, sería necesario “liberarse de la captura ideológica, con mayor equilibrio entre la supervisión, el trabajo de campo y las normas”.
“También hay que entender que esta no es una carrera por la publicidad; los casos no deben ventilarse hasta que no se conozca el resultado de la investigación. Decir que se abrió un procedimiento solo complace al consumidor que cree que por ello viene una gran multa en contra de una empresa que, de por sí, se asume es culpable de antemano. Y, por último, hacer más expedita la investigación de oficio”, anotó.
Y es que el Indecopi estipula 330 días hábiles para las pesquisas y, luego, siete meses más de período de prueba.
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