Desde el 28 de julio, cada viernes por la tarde en Teatinos 120 sesiona la mesa técnica que busca reducir en un tercio el tiempo de tramitación de los proyectos mineros, sin que con ello se afecte el cumplimiento de la normativa ambiental, un compromiso contraído en el marco de la tramitación de la ley de royalty, explicó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
Para ello los distintos actores del sector privado -Consejo Minero, Sonami y Aprimin- se reúnen con contrapartes del Estado como los ministerios de Economía y Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Sernagomin, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y la Dirección General de Aguas. Hace unas semanas expuso la directora ejecutiva del SEA Valentina Durán, y este viernes presentará un representante del Ministerio de Economía, cartera que está haciendo un barrido de los permisos sectoriales.
“La mesa técnica tiene como objetivo que en 60 días desde que fuera constituida, el 28 de julio, se identifiquen las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir con ese objetivo de reducir un tercio el tiempo de tramitación de los proyectos de la minería”, explicó Berner. Para ello, encomendó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) construir una “línea base” y reportar los avances de aquello.
“Hay estimaciones de que en el caso de proyectos hidráulicos, (los permisos de la DGA) se demoran entre 36 y 49 meses, cuando por normativa deberían demorarse seis meses”, dijo Heidi Berner.
Una de las definiciones de la mesa técnica es qué inversiones son parte de un proyecto minero. Berner ejemplificó con el caso de una desaladora, que puede ser un proyecto autónomo o bien ser parte de una iniciativa minera. “Hay que mirarlo mucho más comprensivamente”, afirmó.
La subsecretaria explicó que la CNEP hizo en 2019 un estudio sobre los permisos para proyectos mineros de explotación y entonces detectaron que tenían que pasar por 220 permisos. Lo actualizaron en 2023 y se dieron cuenta que los trámites son 439, de los cuales 309 requieren autorización previa (son necesarios para la explotación).
Berner explicó que los permisos pueden ser de distinto tipo y algunos no detienen un proyecto y otros sí y son estos últimos en los que conviene focalizarse. Considerando su importancia y el potencial de detener el avance de un proyecto en su ruta crítica, se identificaron 63 permisos sectoriales prioritarios para la inversión.
Las clases de permisos
Hay distintos tipos de permisos. Aquellos Clase 1 son los de menor complejidad, representan el 86% autorizaciones (112.459 en los últimos cinco años) pero tiene una alta tasa de resolución, dado que sólo el 16% está pendiente.
En tanto, de los permisos Clase 2 de mediana complejidad (7.720 permisos, equivalentes al 5,29% del total), el 34% están pendientes. Y en los permisos Clase 3 -que son los más complejos, la cifra asciende a 10.554 (equivalentes al 8%) de los cuales está pendiente el 47%.
En este último grupo está la concesión marítima, permiso que otorgan la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Asimismo, hay cuatro permisos Clase 3 que otorga Sernageomin -botadero, ventilación, electrificación y plantas de beneficio- y otros dos que ve la DGA: proyecto de obra hidráulica mayor o recepción de obra hidráulica mayor.
¿Cuáles permisos tardan más en resolverse? “Hay estimaciones de que, en el caso de proyectos hidráulicos (cuyos permisos otorga la DGA) se demoran entre 36 y 49 meses, cuando por normativa deberían demorarse seis meses. O, por ejemplo, la concesión marítima, tiene un promedio de demora de 32 meses cuando de acuerdo al plazo legal debería demorarse cuatro meses”, dijo la subsecretaria Berner.
Por clase, el promedio de demora también varía. Los permisos Clase 1 tardan en promedio dos meses. Las autorizaciones Clase 2 demoran una media de ocho meses, mientras que las Clase 3 se obtienen en promedio en 22 meses, explicó la autoridad.
¿Dónde hay más atochamiento?
El mayor stock pendiente a julio de 2023 está en la subsecretaría de Fuerzas Armas con las concesiones marítimas (1.685 solicitudes pendientes de tramitación), mientras que en la DGA destacan los permisos de obra hidráulica mayor (hay 1.012 permisos pendientes) y la autorización para modificar cauce (1.118 solicitudes). Asimismo, en la denominación de zona típica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales hay 467 iniciativas.
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