Ad portas de que concluya la segunda consulta ciudadana que permitirá dar paso a la elaboración de las bases de licitación para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes, el director del Registro Civil, Jorge Álvarez, dio a conocer detalles y objetivos de este nuevo proceso, que estima, rondará los US$ 600 millones.
En 2011, cuando se terminó un largo y tortuoso proceso de licitación, que incluyó más de algún episodio judicial y acusaciones de diversa índole, el contrato -que en ese entonces sumaba poco menos de US$ 400 millones- fue adjudicado a la francesa Morpho (ex Sagem).
Para evitar todo ese escándalo, ahora las cartas están puestas en lograr una licitación lo más transparente posible, tener instrumentos con altos estándares y bajar los costos para el usuario.
Para lo primero, el director del Registro Civil explica que han incorporado cuerpos técnicos y se acogieron a la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agrega Álvarez que ahora existe una normativa mucho más sólida de lo que había una década atrás, que ha estado impulsada principalmente por la Ley del Lobby.
“Actualmente hay requerimientos de probidad y transparencia que son superiores. En ese entonces era también el primer procedimiento de esa magnitud que se enfrentaba. Y dolorosamente la institución ha tenido una aprendizaje de cuáles fueron las cuestiones que nosotros tenemos que tener cuidado para este proceso, porque queremos dar seguridades de transparencia, de publicidad y de igualdad para los oferentes”, explicó.
Además, tomaron la decisión de no incluir en las bases citas ni viajes de comisiones al exterior. De esa forma, sólo se han juntado con empresas tanto nacionales como extranjeras en territorio nacional y bajo ley del Lobby.
Nuevo modelo
Con miras a darle mayor autonomía a la institución, se implementará en la licitación –que se prevé realizar en 2020 o 2021- un nuevo modelo de negocios que plantea la división del actual sistema en módulos.
Son un total de siete unidades que se adjudicará el mejor proponente y donde el Registro Civil tendrá la posibilidad de reservar, si así lo estima conveniente, algunos módulos para desarrollo propio.
Estos son: Biometría, seguridad y firma electrónica; fabricación; atención al usuario; workflow (automatización de procedimientos); mesa de apoyo; gestión y auditoría interna; y back office.
En cuanto al interés de las compañías de participar en el proceso, Álvarez se muestra positivo.
“Hay mucho interés, han venido delegaciones de diferentes países del mundo, empresas y también gobiernos que han pedido reuniones por Ley del Lobby y están muy interesados precisamente porque Chile es un país serio y con normas de probidad de alto estándar. Somos un país con poca población y con un sistema de registro civil y de identificación bastante sólido, entonces eso llama la atención de las empresas extranjeras”, dice.
Mayor tecnología y menores costos
Mantener el estándar de calidad de los documentos es otro de los objetivos de la licitación. Para ello se está examinando la incorporación de nuevas tecnologías, como identificación por iris o la integración de la información almacenada en el chip con dispositivos móviles.
Para lograr eso, se requerirá extender la memoria del chip en las cédulas de identidad, donde se podrá almacenar información relativa a salud, licencia de conducir, entre otros.
Además, se buscará la rebaja en el precio del pasaporte –que actualmente bordea los $ 90 mil y que ha sido muy criticado por la ciudadanía- y extender la duración de este, pasando de cinco a 10 años, como se anunció hace algunas semanas.
“No hay un valor estimado de cuánto podría bajar, pero las consultas nos darán luces de ello”, recalcó Álvarez.
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