Si bien el Ejecutivo ha mantenido la urgencia simple del proyecto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y no ha sincerado intenciones de ingresar perfeccionamientos a casi un año del ingreso del mensaje al Congreso, comienzan a aparecer las primeras señales que apuntarían a acelerar la marcha del articulado y presionar a las autoridades para que tomen el liderazgo de su propuesta, en medio de un año clave para el mundo ambiental por la realización de la COP 25 en Chile.
El diputado RN Sebastián Torrealba, quien integra la comisión de Medio Ambiente de la Cámara donde se discute el proyecto, entregó el fin de semana una propuesta de perfeccionamiento al proyecto al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, la que pone el foco en el punto más controvertido y polémico del proyecto: la participación ciudadana anticipada.
En el documento del parlamentario -de 14 páginas- se reconoce que la propuesta del gobierno representa un avance en la dirección correcta, aunque en materia de participación ciudadana anticipada aún hay mucho espacio para introducir mejoras.
En esa línea, el diputado propone una serie de aspectos que debieran ser incorporados al articulado, poniendo énfasis en que el Estado sea garante de dicho proceso.
En concreto, propone la presencia de una tercera entidad imparcial encargada de coordinar los procesos de participación ciudadana anticipada con competencias públicas como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático ya existente, y una conformación directiva de carácter público-privada. El texto deja en claro que es fundamental que la entidad sea capaz de relacionarse con las agencias de gobierno encargadas del proceso de Evaluación Ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental y Organismos del Estado con Competencia Ambiental).
“Lo que establecemos en esta iniciativa es que una agencia del Estado será la encargada de velar por que estos acuerdos se vayan cumpliendo y por acompañar tanto a la comunidad como a la empresa”, dice Torrealba.
Según explica, considerando que hay un diagnóstico de que las empresas tienen más información que las comunidades, se ha buscado igualar esa asimetría y entregar a dicha agencia la facultad de crear un registro público de peritos especialistas en estos temas que luego las comunidades puedan tomar para que los acompañen en este procedimiento.
La idea del diputado contempla, entre otros puntos, que esta agencia pueda convocar a los organismos del Estado con competencia ambiental, quienes deberán efectuar sus recomendaciones para la futura evaluación ambiental.
Y, además, que la participación ciudadana anticipada concluya con un acta suscrita entre los representantes de los partícipes de la etapa, en la cual se contendrán los eventuales acuerdos como resultado de dicha participación y los desacuerdos, en caso que los hubiere, lo que deberá ser incorporado en un documento denominado “Términos de Referencia Ambientales”, el cual será protocolizado. Luego, éstos deben ser autorizados por la agencia y posteriormente el SEA.
“Buscamos que básicamente las comunidades tengan la misma fuerza que tienen los titulares de los proyectos. Hoy una comunidad se enfrenta sin mucha información ni conocimiento técnico ante una tremenda maquinaria que tienen las empresas. El riesgo de que se pasen a llevar las comunidades es muy alto”, recalca.
Otros Ajustes
También se sugiere el ingreso voluntario a este proceso anticipado sin distinción para Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Y, además, un financiamiento claro y transparente con aportes públicos basales y privados con cargo a los particulares interesados en la tramitación de los proyectos.
Torrealba explica que “al ser voluntaria, si la empresa lo toma, los acuerdos que se adopten en esa participación anticipada son vinculantes. Eso ya es una definición distinta a lo que tiene hoy el proyecto y le agrega valor”.
Para el impulsor de esta iniciativa, la “madre de todas las batallas” en esta discusión es la participación ciudadana anticipada, porque es donde se están generando los problemas. “La participación ciudadana anticipada es necesaria para que las comunidades puedan de alguna u otra forma entender desde un principio cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las oportunidades para esas comunidades”, puntualiza.
Sebastián Torrealba integra la comisión de Medio Ambiente de la Cámara.
Cambios en la comisión de Medio Ambiente
Al retomar el año legislativo, la actual presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Catalina Pérez, decidió esperar la elección de su sucesor para establecer las prioridades para 2019, mientras los parlamentarios de la instancia estudiaban las iniciativas que merecían estar en los primeros lugares de la tabla. Y aunque se esperaba que en las dos últimas sesiones se eligiera al nuevo líder de la comisión, esto no se concretó, y se habría acordado que la decisión sea tomada en un próximo encuentro. Según acuerdos previos, el sucesor de Pérez sería Félix González, el que tendrá como tarea fijar junto a los parlamentarios bajo qué urgencia continuará la discusión de la reforma al SEIA. Hasta el momento, se han recibido diversos actores para analizar el mensaje, pero no se ha votado. Esto ha generado ruido en la instancia e incluso diputados acusan que se ha intentado bloquear su marcha. En lo que sí hay consenso es en la necesidad de que prontamente se vote para iniciar la discusión en particular.
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